El movimiento independentista se dirige hacia el juicio a los políticos presos sin estrategia. Desnortado, agarrado ahora a la supuesta "represión" del Estado español, siguiendo el argumento de la CUP, es consciente de que llega el momento crucial. Y quien ha abierto la caja de los truenos es Javier Melero, el abogado del exconsejero de Interior, Joaquim Forn, que ha situado sobre la mesa todo aquello que no se atreven a decir de forma pública los dirigentes más pragmáticos del independentismo, entre ellos la actual dirección de Esquerra.
La idea de Melero es que el juez Pablo Llarena ha podido equivocarse con su instrucción, y que él no ve delito ni de rebelión ni de sedición, pero entra en el juego de contrastar esas acusaciones con una defensa técnica, sin descalificar al Tribunal Supremo. Al revés: "El Supremo es uno de los tribunales más prestigiosos de Europa y uno de los que ha tenido menos sentencias contrarias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)". Precisamente, en ese tribunal basan sus esperanzas la mayoría de los políticos presos, que dan por segura una sentencia condenatoria que les obligará a dirigirse al TEDH.
Un 155 bien aplicado
¿Cuál es la clave que descubre Melero? La bola se fue haciendo cada vez más grande y el independentismo entendió que no podía renunciar a sus postulados, cuando lo que pedía el juez Llarena era una garantía de que no se vulneraría de nuevo la ley. Tras las elecciones del 21 de diciembre, los dirigentes independentistas mantuvieron el mismo discurso rupturista y no hubo ninguna renuncia explícita a la vía unilateral. Es decir, podía repetirse de nuevo; es una especie de blanqueo de la estrategia de desobediencia y pseudo revolucionaria.
El abogado de Forn considera que podrá lograr que su defendido quede "absuelto". Pero todo pasa por admitir lo que para algunos son hechos y para los independentistas irredentos se trata únicamente de interpretaciones que no comparten. Con un debate todavía vivo sobre el artículo 155, con una comisión de investigación constituida en el Parlament que habría dañado gravemente al autogobierno catalán, Melero loa la forma como se aplicó, "un mecanismo político, votado en el Senado, que zanjó un episodio de rebelión", según la acusación. Ya está, no hubo más, porque todo ello acabó, en realidad, en la celebración de unas elecciones.
El exconsejero de Interior, Joaquim Forn, en una imagen de archivo
El factor Marta Rovira
La cuestión central, sin embargo, es la decisión del juez Llarena de mantener las prisiones preventivas, que, para muchos juristas, han sido excesivas. El criterio del Tribunal Supremo cambia cuando Llarena entiende que puede perder la causa, porque los políticos acusados huyen del país.
En el momento en que Marta Rovira abandona España y se instala en Suiza, el pasado 23 de marzo, Llarena decide encarcelar de nuevo a los líderes independentistas como el propio Joaquim Forn, junto a Jordi Turull, Josep Rull, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, los exconsejeros Raül Romeva y Dolors Bassa. Rovira debía declarar ante el Supremo por su participación en el 1-O, como el resto de dirigentes independentistas. Pero no asistió. Llarena los encarcela de nuevo, después de haber estado en libertad provisional, al considerar que en otras citaciones otros pueden seguir el camino de la secretaria general de ERC.
Un "escarmiento"
Ese es el punto en el que se fija Melero. Son tres circunstancias que el abogado de Joaquim Forn constata con claridad: no se renuncia a la unilateralidad, se sigue viendo el 155 como una especie de agresión incontrolable del Estado y se mantiene el peligro de abandonar el país.
Lo que quiere el grueso del independentismo, sin embargo, es mantener la batalla, y hacer del juicio una exhibición política. Lo que pretende Llarena, según otros dirigentes independentistas, como Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez, --que tienen como abogado a Jordi Pina-- es condenar al independentismo como ideología política. Y que la sentencia funcione como un "escarmiento" con largas condenas para todos los líderes del independentismo. En ese sentido, Melero vuelve a romper la estrategia. "La sentencia no está escrita", señala, con la defensa, de nuevo, de las actuaciones que pueda realizar el Tribunal Supremo. "Su reputación es irreprochable", remachó este miércoles en una entrevista en RAC1.
Melero abre el fuego
En el caso de otros dirigentes, la estrategia es radicalmente diferente. "Esta causa es un ejemplo de instrumentalización del proceso penal para la persecución de un movimiento que, pacíficamente, ansía un objetivo político legítimo en democracia", señala el escrito de defensa de Oriol Junqueras y Raül Romeva, que conduce el abogado Andreu Van den Eynde. Respecto al abogado Jordi Pina, que defiende a Rull, Turull y Sànchez, la causa busca "escarmentar" a políticos "pacíficos" y, por tanto, "descabezar" al movimiento soberanista.
El juicio, que comenzará el 5 de febrero, a juicio de Melero, con una sentencia que podría estar lista hacia el 31 de julio, pondrá en juego todo el proyecto independentista. Melero ha abierto el fuego para poder aterrizar, aunque no todos quieren volver a comenzar una partida que se quebró de forma definitiva con la aprobación de las leyes de "desconexión" en el Parlament, los días 6 y 7 de septiembre, pero que había comenzado antes, desde 2013, con resoluciones en la cámara catalana y decisiones para iniciar esa ruptura con el Estado.