La Justicia española no quiere recibir más críticas por parte del aparato independentista catalán con respecto a los líderes en prisión provisional. Busca fórmulas que reflejen que están siendo tratados conforme al derecho y respeto a la dignidad de los encausados. Por ejemplo, el Tribunal Supremo evitará que estén exposados durante el juicio oral. 

Las continuas quejas por parte del secesionismo hacia el aparato judicial español ha hecho que el Alto Tribunal que juzgará a los políticos en relación con los sucesos del 1-O quiera forzar su buena imagen y evitar situaciones como las ocurridas en otoño de 2017. En aquel momento, los políticos fueron internados en prisión provisional por decisión de la Audiencia Nacional y trasladados a las diferentes cárceles. Este hecho provocó las quejas de los abogados defensores, que alegaron que en el trayecto los líderes del referéndum ilegal iban con las manos esposadas a la espalda, chocándose con el respaldo de los asientos y entre comentarios irónicos.

Evitar incidentes

El objetivo del Supremo es que el proceso judicial transcurra con la mayor calma posible y reducir cualquier tipo de incidencia que pueda avivar la soflama independentista contra el tercer poder. Además, esta extrema precaución cubriría las espaldas de las instituciones jurídicas nacionales en el caso de que el procedimiento trascienda las fronteras españolas y sea elevado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). 

En medios del Alto Tribunal se ha subrayado que, en ocasiones, esa precaución ha podido traducirse en una mayor lentitud del propio procedimiento, tal como indica La Vanguardia. En perjuicio, por otra parte, del derecho de los acusados a que su proceso se desarrolle sin dilaciones.

Seguridad ante 'deadlines'

Otra de las medidas que el Supremo ha adoptado para evitar la lesión de la dignidad de los independentistas encarcelados es la no aplicación del artículo 644 de la ley de Enjuiciamiento Criminal. Este texto ordena el traslado de los acusados a la ciudad donde tenga lugar el juicio con una antelación mínima de 30 días. Sin embargo, en la carta enviada por el Alto Tribunal a Interior para llevar a cabo este transporte ha alegado que las "exigencias temporales" marcadas en la ley no deben estar por delante de "la seguridad que ha de presidir el traslado de los presos", así como tampoco del derecho a unas condiciones que "respeten su dignidad".

Asimismo, durante el juicio se evitará que los procesados y los testigos se crucen por los pasillos de la institución y permanecerán en espacios diferentes para evitar conflictos. Además, los magistrados del Alto Tribunal almorzarán en las instalaciones jurídicas para reducir su exposición mediática.