La fuga de funcionarios judiciales se duplica durante el ‘procés’

La movilidad en la administración de Justicia siempre ha sido alta en Cataluña, pero el proceso independentista ha disparado las peticiones de traslado o comisiones de servicio fuera del territorio catalán.

A mediados del mes de febrero, un total de 50 funcionarios titulares abandonarán Cataluña tras solicitar plazas en el concurso de traslados de 2018. A esa cifra hay que añadir comisiones de servicio concedidas fuera de la comunidad catalana. En este sentido, los empleados judiciales interesados tendrán que concursar para oficializar destino definitivo y la cifra, según explican a Crónica Global fuentes sindicales, se sitúa en torno a los 50. 

Gran movilidad

“Estas cifras son superiores a otros años  En un contexto político normal hablaríamos de poco más de 30 personas en el concurso de traslado. Y apenas se tramitaban comisiones de servicio fuera de Cataluña, la cifra en este caso podrían ser como mucho una decena anual”, afirman las mismas fuentes.

Complementos variables en los distintos ámbitos territoriales

Cataluña siempre ha registrado una gran movilidad en la administración de Justicia, dada la escasa tradición opositora existente en esta comunidad. Este hecho, unido a otros factores como la lengua catalana o el sobrecoste del nivel de vida, provoca que la permanencia de jueces y funcionarios sea muy limitada. Es decir, que haya mucha rotación. Eso redunda en un escaso uso del idioma catalán.

Salarios más bajos

A esta endémica situación se añade ahora la convulsa situación catalana, que ha disuadido a muchos empleados judiciales de permanecer en este territorio y deciden pedir el traslado fuera de Cataluña.

No es ajena a esa marcha que, tras los últimos acuerdos retributivos alcanzados por otras comunidades autónomas con transferencias en la gestión de la Administración de Justicia (con efectos a partir del 1 de enero de 2019), Cataluña se ha convertido en la región que peor paga a sus empleados judiciales. Las diferencias con otras comunidades puede alcanzar los 300 euros.

Asimismo, tal como informó este diario, los funcionarios judiciales temen que la estrategia de desinflamación del Gobierno español incluya la transferencia total de competencias en materia de personal, de forma que los funcionarios catalanes perderían su condición de cuerpo nacional. 

En breve comenzará a valorarse el conocimiento del catalán como mérito en la bolsa de trabajo en la administración de Justicia. Equivaldrá a un punto y medio, es decir, al 10% del total de méritos que pueden acreditar los interinos. No obstante, los funcionarios desconfían de la efectividad de esta medidas porque si el juez y el secretario utilizan el castellano, algo habitual precisamente por la citada movilidad interterritorial, el trabajador no tendrá posibilidad de demostrar sus habilidades en catalán.

"Comisarios políticos"

De la situación de los funcionarios da fe la decisión del Consejo General del Poder Judicial de desarticular en 2017 los "Equipos de evaluación y mejora” creados para “supervisar” el funcionamiento de los tribunales sin tener competencias para ello. Tal como informó este medio, los funcionarios calificaron esos evaluadores como “comisarios políticos”.

Entre los indicadores que debían evaluar figuraban la productividad, los tiempos de resolución de los trámites y las ratios de documentos en catalán.