Luces y sombras de la ley de violencia de género que se quiere cargar Vox

Hasta hace pocas semanas, pocos se hubieran imaginado que una norma aprobada por unanimidad sobre un tema tan sensible como es la violencia machista se convertiría en arma arrojadiza entre los partidos políticos. Pero la irrupción de Vox en Andalucía y su cruzada contra la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004 ha abierto un debate tan inesperado como bronco. El partido de Santiago Abascal ha renunciado, de momento, a exigir la retirada de esta norma en su pacto con el PP, pero esa abolición consta en su  programa electoral.

Expertos en derecho, criminología y sociología consultados por Crónica Global admiten que esa norma es mejorable, pero la consideran necesaria y avisan de la regresión que supondría su desaparición. Ven luces en esa ley, pero también sombras.

Ana Bernal-Triviño, profesora de Comunicación de la la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y experta en cuestiones de género, afirma que “desde un punto de vista sociológico, el mensaje que se traslada es muy perverso, pero no como fruto del desconocimiento, sino con toda la intención y alcance que ello conllevaría”. 

A su juicio, “conceptualizar es politizar y el feminismo, los derechos humanos de la mujer, también es política. De su reconocimiento mayor o menos se establecen medidas para proteger de la violencia y liberar, en la medida de lo posible”. 

El caso de Ana Orantes

Según esta profesora, “si hoy día muchas mujeres no denuncian aún estando la ley, sin esa ley, que nace tras un caso tan dramático como el de Ana Orantes --asesinada por su exmarido en 1997 pocos días de explicar sus malos tratos en televisión-- denunciarán muchas menos. Las mujeres se enfrentan a salir del ciclo del maltrato, con las dependencias existentes, que impiden dar el paso, y luego enfrentarse a un proceso judicial con el riesgo psicológico no solo de revivir esa etapa sino de recibir una posible violencia institucional”. 

ana orantes

Ana Orantes explicó sus malos tratos en televisión y, pocos días después, fue asesinada por su exmarido

Considera Bernal-Triviño que la violencia institucional “también advertida por órganos internacionales, solo puede ser mermada con dotación presupuestaria que vaya no solo en la protección de las maltratadas sino también en la formación de los diferentes operadores”. 

En este sentido, afirma que la ley “ha protegido hasta ahora a muchas mujeres, pero tiene que mejorarse. Hay que afrontar la dotación del Pacto de Estado para que se cumpla de forma íntegra y los recursos lleguen, entre ellos, invertir en prevención. Una mujer maltratada que sepa que esa ley ya no existe, no sólo no dará el paso y estará más cerca de poder ser asesinada (ellas y sus hijos) sino que además anulamos la conciencia creada hasta ahora y toda la información y documentación que pueda llegar a ellas y que se identifiquen como maltratadas para dar el paso”.

Retraso social y antidemocrático

Concluye que la desaparición de esa ley “sería un retraso social y antidemocrático que pagaríamos caro. Quitar esa ley es como arrojarlas a un pozo, aumentaría la desconfianza, el desamparo y la desprotección. Ellas mismas verían que el Estado ya no las protege de ninguna de las maneras y les costaría mucho más salir de esas relaciones. Solo si ve que desde fuera la esperan para darle fuerzas y respaldan a las víctimas, y no a los agresores, podremos salir de este ciclo”.

Asociaciones feministas han presentado un manifiesto en contra de Vox, al que acusan de "terrorismo machista" / CG

Asociaciones feministas han presentado un manifiesto en contra de Vox, al que acusan de "terrorismo machista"

En las sombras de la ley abunda Josep Maria Tamarit, catedrático de Derecho Penal y director del programa de Criminología de la UOC. “En mi opinión la política seguida sobre violencia de género desde la aprobación de la Ley de 2004 está viciada de un grave error, ya que no se sustenta en los resultados de la investigación empírica sobre la violencia en las relaciones íntimas”, explica a este diario. Así lo ha sostenido en diversas publicaciones académicas. Según Tamarit, las reformas penales de 1989, 1995, 1999, 2003 y 2004 se caracterizan por un incremento de las penas y una ampliación de las conductas punibles. Pero, a su juicio, las reformas no han tenido un resultado positivo, es decir, el fenómeno de la violencia doméstica no se ha reducido. En este sentido, alude a otros expertos que recomiendan una mayor contención en el recurso al Derecho Penal.

La sociedad no está libre de machismo

Discrepa de ello la abogada María José Varela, especialista en la defensa de la mujer. “La doctrina siempre ha ido en contra del endurecimiento de las penas. Se han hecho muchas reformas del Código Penal, pero la ley integral no se consiguió hasta 2004”. La letrada admite que esta norma “no es perfecta y quedan por desarrollar muchas cosas, como la formación especializada de jueces o médicos. Lo que me preocupa, no es lo que dice Vox, que ya lo llevaba en su programa electoral. Lo que me preocupa realmente es que, en lugar de debatir cómo se puede mejorar esa ley, transversal y apoyada por todos los partidos políticos con muy buena voluntad, se utilice ahora como arma arrojadiza. Es la mayor regresión que se ha hecho en este ámbito. Da miedo”. Varela advierte de que “la sociedad no está libre todavía del machismo y los jóvenes están repitiendo los roles de violencia contra las mujeres”.

Explica que el mayor problema del maltrato es “que solo se denuncia el 30% de los casos. La mujer se encuentra en una situación de fragilidad, tiene miedo a su agresor. Todo lo que socave esos avances se traduce en más impunidad y menos denuncias”.

Sobre el debate relativo a las denuncias falsas, avisa de que en ocasiones se incluye el sobreseimiento de las causas, lo cual es debido a la decisión de la mujer de no personarse o de renunciar a declarar en contra de su agresor.

En este sentido, los datos de la Fiscalía General del Estado indican que de las 1,2 millones de denuncias presentadas entre 2009 y 2017, solo 96 (0,01%) no eran reales. Este porcentaje fue del 0,0001% en 2017. Es decir, que de las 166.260 denuncias presentadas, solo dos no resultaron acreditadas.