El Govern tardará diez años en recuperar el gasto en guarderías

El Govern está muy lejos de recuperar el nivel de inversión en guarderías correspondiente a 2010. Compromiso de revertir los recortes hay, según el consejero de Enseñanza, Josep Bargalló. Y también cifras, pero que distan mucho de los 1.800 euros por plaza/año anterior al tijeretazo de Artur Mas. La Generalitat lo vincula todo a la aprobación de los nuevos presupuestos de 2019, pero según han manifestado los responsables del departamento, la cifra prevista para la educación de 0 a 3 años solo asciende a 20 millones de euros.

Con esta cifra, el ejecutivo catalán solo pagaría unos 400 euros. Dicho de otra manera, el peso de financiar una competencia, exclusiva de la Generalitat, seguirá recayendo en los ayuntamientos y las familias. Ni las sentencias judiciales, ni la presión de los partidos de la oposición ni de Unicef --cuyo informe centrado en Cataluña avisa de las consecuencias de no invertir en las escoles bressol-- han desbloqueado una situación que, según la propia consejería --y siempre con la perspectiva de aprobar unos nuevos presupuestos-- tardará en normalizarse en unos diez años. Uno de los motivos de ese retraso es la obligación de indemnizar a los ayuntamientos que reclamaron, vía judicial, las partidas recortadas.

El acuerdo entre las administraciones sobre la escolarización de 0 a 3 años contemplaba que la financiación de las plazas sería asumido por las familias, la Generalitat y los ayuntamientos. En 2014, el gobierno de Artur Mas dejó de pagar su parte en el marco de los fuertes recortes aplicados en sus políticas sociales. Recortes que todavía no se han revertido en Cataluña, a diferencia de otras comunidades autónomas.

La Generalitat pasó de destinar 30 millones a la creación de plazas de guarderías en 2010 (gobierno tripartito) a no destinar ni un euro en 2015. Desde entonces han sido los ayuntamientos, con la ayuda de las diputaciones, los que han sufragado esos gastos. Una treintena de consistorios acudieron al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para reclamar el gasto destinado durante estos años. Y la Justicia les dio la razón, condenando a la Generalitat a pagar los atrasos. La Sindicatura de Cuentas también cuestionó la gestión de las ayudas a la educación de entre 0 y 3 años. Criticó el perjuicio causado a las familias por los retrasos en la concesión de las ayudas.

Según el informe de Unicef La agenda 2030 en clave de infancia en Cataluña, la primera infancia es un etapa fundamental en el desarrollo de todos los niños y niñas, y un momento clave para el aprendizaje y para establecer las bases de su socialización”. Sin embargo “la evolución de la escolarización se ha estancado en los últimos años y la tasa solo está un punto porcentual por encima de la de 2011”. Así, en el curso 2016-2017, el 37,7% de los menores de 0 a 2 años estaban escolarizados, el 62,8% en el sector público y el resto en el privado.

Estas cifras, dice Unicef, “esconden importantes diferencias sociales en cuanto al acceso a la primera etapa de la educación infantil”. Algo más de un 18% de niños de 0 a 2 años en Cataluña son extranjeros, pero solo están escolarizados un 5,1%. “A ello hay que añadir importantes disparidades entre los municipios catalanes en cuanto a las tasas de escolarización en esta franja de edad. Paradójicamente, a menudo en los entornos donde las necesidades sociales son más grandes, la cobertura es inferior”.