El Tribunal de Cuentas cree que Puigdemont desvió 8 millones con el 'procés'

El Tribunal de Cuentas cree que Carles Puigdemont desvió ocho millones de euros públicos para pagar el procés independentista en Cataluña. El expresidente de la Generalitat, prófugo de la justicia, podría haber malgastado más dinero del contribuyente si se le suma la cantidad que el Govern dedicó a la paradiplomacia secesionista.

El fiscal jefe de dicho tribunal, Miguel Ángel Torres, ha presentado una denuncia en la que cifra en esa cantidad el dinero desviado por el gobierno de Puigdemont para el referéndum ilegal del 1-O.

Posible malversación

La demanda afecta a todos los consejeros del equipo de Puigdemont: Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Carles Mundó, Santiago Vila, Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret, y también a la entonces interventora de la Generalitat.

El cálculo sobre la cantidad del desvío de dinero público en este caso es muy superior a los manejados en la causa que se investiga en el Supremo. La Guardia Civil cifró la posible malversación en 3,2 millones de euros, y la Fiscalía, en su escrito de acusación ante el Supremo, en 3,07 millones.

Reponsabilidad contable

La demanda presentada ante el Tribunal de Cuentas por la Fiscalía responde a la investigación abierta por la denuncia presentada en noviembre de 2017 por el Ministerio de Hacienda por el empleo de dinero público para el 1-O. Su petición a la Fiscalía era conocer las "actuaciones oportunas" encaminadas a determinar las acciones, contratos y actos administrativos de la Generalitat para organizar el referéndum ilegal, y concretar cuánto dinero costó.

Es decir, el Tribunal de Cuentas abrirá ahora un proceso para determinar la posible responsabilidad contable de los miembros del Govern que participaron en el 1-O, un procedimiento independiente al que se sigue en el Supremo por la responsabilidad penal.

Precedentes

El escrito del fiscal jefe del Tribunal de Cuentas se conoce un día después de que Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución presentaran su propia denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra el expresidente catalán y sus exconsejeros por los mismos hechos, aunque en este caso la cifra que se reclama por el gasto irregular de fondos públicos es de unos dos millones de euros.

Hace un mes, el Tribunal de Cuentas condenó al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y a los exconsellers Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau a devolver los casi 5 millones de euros gastados en la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.