El expresidente de la Generalitat Artur Mas, el exconsejero Francesc Homs y otros exaltos cargos del gobierno catalán están siendo investigados por la Fiscalía de Barcelona por haber contratado al lobby estadounidense Independent Diplomat, presuntamente con dinero público y para lograr apoyos al proceso independentista.
La investigación parte de una denuncia de Ciudadanos (Cs), tras constatar en los medios que en 2015 el gobierno de Mas gastó 1,6 millones de euros para este fin, si bien se desconocen las actividades concretas de dicho grupo de presión. El partido naranja esquivó la opacidad de la Generalitat al ser requerida sobre este contrato, y obtuvo los datos en EEUU, ya que Independent Diplomat está obligado a comunicar su actividad al Departamento de Justicia de ese país.
"Proyecto Cataluña"
A través de esta vía, Cs presentó a la Fiscalía información sobre un contrato de 2013 entre dicho organismo y la Generalitat por valor de 7.800 dólares mensuales, y otro acuerdo de 2014 con el Diplocat de 46.700 euros mensuales para enviar informes periódicos sobre su trabajo. En las declaraciones del lobby se informa de ingresos de la Delegación en EEUU de la Generalitat dentro del denominado "proyecto Cataluña". La mayoría son periódicas de 7.800 dólares, aunque algunos meses hay más, por valor de 3.900, 7.500 o 15.600 dólares, desde finales de 2013 y durante 2014.
La denuncia explica que el lobby explicó sus "actividades de diplomacia por cuenta de la Delegación del Govern de Cataluña en EEUU, incluida ante la ONU" hasta noviembre de 2014; y que existió una llamada y una reunión entre dos y tres meses antes de la consulta independentista del 9N con un asesor del polémico congresista Dana Rohrabacher. El mismo que, años después, se reuniría con el entonces presidente Carles Puigdemont y su consejero de Exteriores Raül Romeva, y que dio su apoyo al independentismo.
Posible malversación
Ciudadanos recuerda que "en la época en la que se firmaron y ejecutaron las relaciones contractuales entre el Govern de la Generalitat y el lobby americano Independent Diplomat (2013-2014)", el Ejecutivo de Mas "organizó, convocó y celebró ilegalmente, desobedeciendo los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, la consulta del 9N". Y también que, según la Constitución, las Comunidades Autónomas no pueden "mantener relaciones internacionales propias", ya que eso es una materia exclusiva del Estado.
Por esta razón, consideran que la Generalitat, con Mas al frente, pudo incurrir en un presunto delito de malversación de caudales públicos, al destinar fondos a un organismo que "realizaba actividades de diplomacia". Y subrayan el hecho de que estas relaciones se establecieron "inmediatamente antes" del 9N, "primer antecedente" del "plan concertado para conseguir la unilateral y forzada separación de Cataluña del resto de España al margen de todo cauce y vía legal".