Tres informes denuncian el colapso en la atención a víctimas de violencia machista

Tras el tijeretazo, la parálisis y el colapso. La lucha contra la violencia machista es una de las damnificadas de los recortes que se aplicaron durante la crisis económica. Desde 2010, las partidas destinadas a las políticas de la mujer se han reducido el 31,5%. Y la red de asistencia a las víctimas de maltrato apenas se ha modificado. Tres informes, presentados en la Comisión de Igualdad de las Personas del Parlament, denuncian esa situación.

Aseguran que la coordinación entre las Consejerías de la Generalitat con competencias en esta materia --Trabajo y Asuntos Sociales, Justicia y Salud-- es prácticamente inexistente y que la Red de Atención y Recuperación Integral solo alcanza al 11% de las mujeres que se encuentran en situación de violencia machista.

Sin embargo, es el Servicio de Información y Atención a las Mujeres (SIAD) el que se encuentra en una situación más precaria, pues solo llega a cubrir al 7% de esa población catalana victimizada.

Tres expertas comparecieron ayer en la citada comisión parlamentaria para explicar la situación de esa red de asistencia a las mujeres maltratadas: Montse Pineda, coordinadora de Creación Positiva; Míriam Sol, representante de la coooperativa Spora Sinergies, y Júlia Vega, de Almena Cooperativa Feminista.

El informe El abordaje de las violencias sexuales en Cataluña explica que la comunidad catalana tiene dos instrumentos “macroestructurales” que guían las políticas públicas sobre la violencia machista: el Protocolo marco para una intervención coordinada contra la violencia machista y el Programa de intervención integral contra la violencia machista. “Estos dos instrumentos son la referencia técnica pero como hemos podido observar en nuestra diagnosis el seguimiento de estos modelos acaba siendo un corta y pega y no se convierte no en una planificación de actuaciones concretas para implantar el modelo”.

Órgano de coordinación poco efectivo

También se alude este estudio a la Comisión Nacional para una Intervención Coordinada contra la Violencia Machista, máximo órgano de coordinación para impulsar, efectuar el seguimiento y evaluar las actuaciones en el abordaje de la violencia machista que llevan a cabo los departamentos de la Generalitat. “Pero algunos de sus componentes expresan que esta Comisión se queda en la parte más institucional y no permite realmente dar respuesta a problemas”, afirman los expertos. La falta de celeridad en la puesta en marcha de grupos de trabajo es una de las carencias de esta Comisión.

En este sentido, la diputada del PSC Beatriz Silva, que forma parte de la Comisión de Igualdad, denuncia que este organismo, dependiente del Institut Català de la Dona (ICD) solo se reunió tres veces en 2017. Y aunque se aprobó un plan estratégico, todavía no se ha creado el prometido Pacto Catalán contra la Violencia Machista. El pasado 14 de septiembre, un año después del último encuentro, se celebró una sesión plenaria presidida por la consejera de Presidencia, Elsa Artadi, para reactivar los trabajos.

Por su parte, el informe de evaluación de los SIAD de Cataluña, alude a las insuficiencias de estos centros de titularidad municipal o comarcal, que ofrecen información y asesoramiento en todos aquellos aspectos relacionados con la vida de las mujeres: laboral, social, personal, familiar... Cataluña cuenta con un total de cien SIAD distribuidos por todo el territorio, exceptuando el municipio de Barcelona, que cuenta con su propia red de servicios. El ICD subvenciona estos servicios con diferentes cantidades económicas.

“La Red de Atención y Recuperación Integral de violencia machista presenta problemas de funcionalidad y operatividad, dado que el alcance de los Servicios de Intervención Especializada (SIES) es a día de hoy insuficiente para asumir el conjunto de casos de violencia machista, así como la atención a los y las menores; esta situación muy a menudo traslada las responsabilidades hacia los SIAD, los cuales acaban asumiendo las sus tareas especializadas sin contar con los recursos necesarios para hacer frente a este reto”, explican los analistas.

Esta situación convierte a los SIAD “en servicios desprovistos de red y especializados en todas las fases de el abordaje de la violencia machista, desde la detección hasta la recuperación de las mujeres, convirtiéndose en la práctica en pequeñas células de SIE funcionales”.

Un ejemplo es la situación del SIE de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) donde, tal como publicó Crónica Global, sus trabajadoras han protagonizado varias jornadas de huelga por los recortes en sus plantillas que vienen experimentando desde 2014, “afectando a profesionales tan determinantes como psicólogas, trabajadoras sociales e inserción laboral”, precisa Silva.

Este SIE da cobertura a una población de 806.000 habitantes y sólo en el último trimestre de 2017, un total de 595 mujeres habían presentado denuncias. Para atender toda esta población había una plantilla de ocho profesionales. Originalmente eran doce pero con los recortes se había quedado en 8.

Listas de espera de mujeres maltratadas

Las consecuencias, explicaban las trabajadoras, eran largas listas de espera. “Por ejemplo, ser atendida por una psicóloga había que esperar casi un año. También denunciaban que las entidades que gestionaban los servicios habían dejado de cubrir las bajas médicas de corta o media duración lo que representaba un sobreesfuerzo para el resto de trabajadoras que tenían que afrontar una mayor carga de trabajo”, explica la diputada socialista.

El caso de Sant Feliu de Llobregat no era excepcional, afirmaban sus trabajadoras, ya que estas condiciones precarias se daban en las ocho demarcaciones territoriales donde está presente este servicio.

Un tercer informe, en este caso ejecutivo, sobre la situación de los SIAD, confirman esos problemas de funcionalidad y operatividad, así como la falta de medidas preventivas a través de políticas de igualdad y de protección de los derechos de las mujeres.

Protesta de trabajadores del Servicio de Intervención Especializada en violencia machista (SIE) del Baix Llobregat

La falta de datos fiables que permitan tener una fotografía de la realidad del circuito de asistencia a la mujer, la falta de información disponible en las páginas Web destinadas a informar sobre los protocolos y el cierre del grupo de trabajo para abordar el tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual forman parte de esas carencias.

En una reciente comparecencia, la directora del ICD, Núria Balada, admitía que en las Terres de l'Ebre y en el Alt Pirineu no hay un servicio específico de atención a la mujer maltratada y que las partidas destinadas por el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias han pasado de los 9,9 millones a 9,7 millones en 2018. Donde más se ha notado el recorte es en las ayudas por impago de pensiones alimenticias, que entre 2015 y 2018 ha pasado de 599.757 euros a 458.000. Los convenios, que en 2015 ascendían a 8,1 millones, ahora se limitan a 7,9 millones.