El vandalismo en TMB tiene un coste de 50 millones de euros

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, ha reclamado a la alcaldesa, Ada Colau, un Plan de Seguridad en el Metro y el transporte público para luchar contra la delincuencia y el vandalismo. 

El líder de los populares ha explicado en rueda de prensa que en 2017 el coste de la limpieza por grafitis en el Metro fue de 12 millones de euros, además de otros 25 en vigilantes de seguridad y 13 por las cerca de 45.000 personas que se colaron en Metro y bus. En total, la cifra asciende hasta los 50 millones de euros. 

Además, según los datos ofrecidos por el PP, las incidencias de seguridad en el metro se han incrementado un 8%, llegando a las 48.000 en 2017. En este sentido, se ha producido un incremento del 47% de denuncias de carteristas. Por otro lado, se contabilizaron un total de 531 ataques incívicos a las instalaciones del metro en 2017 --convoyes y estaciones--.

Más policía

Alberto Fernández ha afirmado que estos ataques "van a más cada día, un hecho que obliga a dar una respuesta contundente" al respecto. Por ello, exige que se promueva "una verdadera policía de Metro con más vigilantes de seguridad y más Mossos d'Esquadra para acabar con la impunidad de carteristas, grafiteros y personas que se cuelan en el metro". Estas medidas coinciden con las reclamaciones que realizan los vigilantes de seguridad del suburbano, que están hartos de las constantes agresiones que se producen en el Metro de Barcelona.

"Es necesaria más contundencia contra aquellos que no respetan o estropean el transporte público, ya que a veces la sanción administrativa es insuficiente y es necesario acudir al Código Penal con una reforma que endurezca las penas contra aquellos que no respetan los bienes de todos", ha manifestado.

Recurrir al Código Penal

Fernández ha propuesto que bus y Metro se personen como acusación particular contra aquellos grafiteros y "gamberros" que provocan que se paguen millones de euros por sus acciones: "Es necesario actuar ya con el Código Penal contra estos incívicos que además de no cuidar los bienes públicos, ponen en peligro a usuarios y trabajadores del transporte público".

El presidente Popular recuerda que “estas medidas para luchar contra la delincuencia y el incivismo en el transporte público, supondría un gran ahorro para todos y además estos 50 millones de euros se podrían destinar a la mejora del servicio y rebaja de las tarifas”.

La inseguridad en el suburbano ha llegado a tal extremo que los trabajadores de TMB están planteando hacer huelga en fin de año para protestar contra esta situación. Denuncian que están hartos de navajazos, peleas y cuchillazos, mientras el ente gestor sigue reduciendo la seguridad al mínimo.