El Gobierno quiere aguantar pese a su “desconcierto” con Esquerra

La situación es de extrema dificultad. El Gobierno de Pedro Sánchez está decidido a aguantar, aunque valore ya la mejor fecha para convocar elecciones. Sánchez está dispuesto a asumir riesgos, y mantendrá su idea de que el problema catalán debe tener una “salida política”. Pero sus posibles socios no le ponen las cosas fáciles. La actitud del diputado de Esquerra Gabriel Rufián en el Congreso desata las iras del PP y Ciudadanos, como ocurrió este miércoles, forzando su expulsión por parte de la presidenta de la cámara, Ana Pastor, tras una bronca con el ministro Josep Borrell. Y eso supone una enorme presión para Pedro Sánchez, que expresa su “desconcierto” con los republicanos, pero con la voluntad de aguantar. ¿Hasta cuándo?

Esa es la pregunta que se hacen los miembros del Gobierno, y que expresan fuentes socialistas. Sánchez entiende que debe orillar esas actitudes de algunos diputados independentistas, que tienen en la diana a Josep Borrell, bestia negra del nacionalismo, no ahora, sino desde hace décadas. Pero en Madrid la presión política y mediática es enorme, con acusaciones diarias por parte de Pablo Casado y Alberto Rivera, los líderes de PP y Ciudadanos, a Sánchez por “pactar con separatistas”.

Josep Borrell, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación / EFE

El ministro de Exteriores, Josep Borell

La retórica de Esquerra y los límites

El jefe del Ejecutivo no ha traspasado ninguna línea. Tampoco lo ha hecho el gobierno catalán. El problema entra en el terreno de la retórica, de los planes de futuro, y de las actitudes. Esquerra, que se ve más encorsetada en Barcelona, donde gobierna con Junts per Catalunya, con el presidente Quim Torra sin ataduras de partido, necesita mantener su discurso independentista de carácter rupturista en el Congreso. Sin embargo, no quiere dejar tirado al Gobierno de Sánchez. “No quieren romper, eso lo sabemos”, señalan fuentes del Ejecutivo socialista. Pero, ¿se puede seguir jugando con la idea de que no pasa nada, de que todo es un juego verbal, para mantener las posiciones propias de cara a las parroquias políticas respectivas?

Sánchez tiene un día en rojo en su calendario. Es el 2 de diciembre. Las elecciones andaluzas marcarán los pasos del presidente, que tienen por delante diferentes escenarios, todos ellos más positivos que negativos. La pugna entre el PP y Ciudadanos, con la posible entrada de Vox en el parlamento andaluz, es algo inédito desde la recuperación de la democracia. Pese a la bronca y a los duros reproches de Casado y Rivera hacia Sánchez, a partir de esa fecha, los dos partidos entrarán en una situación de extrema competencia.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en el Congreso / EFE

El diputado de ERC, Gabriel Rufián

Ciudadanos y PP, duelo andaluz 

En el caso de que Ciudadanos --por ahora no lo muestra ninguna encuesta-- quede en segunda posición, por delante del PP, el partido que dirige Casado podría entrar, otra vez, en una lucha interna complicada. Aunque sin la misma trascendencia, también se replantearían cosas en Ciudadanos si sus resultados quedan por debajo de las expectativas, por detrás del PP, e, incluso, de Unidos Podemos.

Todo eso lo sabe Sánchez, y los estrategas del Gobierno, con Iván Redondo a la cabeza y con José Luis Ábalos, el ministro de Fomento y secretario de organización del PSOE. Es el desgaste en el campo de la derecha el elemento que marcará la política española en los próximos meses, un tiempo que Sánchez quiere aprovechar para seguir gobernando y con el objetivo de sacar adelante diferentes medidas en el Congreso con el apoyo de los partidos independentistas, entre ellas el derecho ley sobre la subida del salario mínimo hasta los 900 euros.

La abogacía del Estado

En ese lapso, el Ejecutivo español no duda en tomar decisiones que las interpreta a su manera tanto el PP como Ciudadanos. Sánchez aseguró en el Senado que “se deberá hacer política”, tras el juicio, lo que se consideró como una puerta abierta a la aplicación de indultos a los políticos presos, si la sentencia, tras ese juicio que se iniciará en enero, acaba siendo condenatoria.

Otro gesto explícito se produjo este miércoles. La abogada general del Estado, Consuelo Castro, que depende de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, destituyó a la Edmundo Bal, como abogado jefe del departamento de penal. Lo hizo porque Bal, responsable de defender la posición del Estado en el juicio a los políticos independentistas quería elevar la acusación con el delito de rebelión. Castro, que decidió rebajarlo a sedición, --con la bronca política que generó, con duras acusaciones por parte de Ciudadanos y PP--  dio un golpe de autoridad ante la resistencia de Bal. Oficialmente se trata de una “pérdida de confianza”, y afianza la idea de que el Gobierno no desea una pena por rebelión, y que esperaría una sentencia más benévola para los dirigentes independentistas.

Dolores Delgado, ministra de Justicia y responsable de la Abogacía General del Estado en una imagen de archivo / EFE

La ministra de Justicia, Dolores Delgado

Frente al todo o nada de Puigdemont

Por eso, la “perplejidad” es grande, cuando Esquerra “hace numeritos” en el Congreso, aunque se sea consciente de que Borrell genera un enorme rechazo en el campo nacionalista. Lo que no se entiende es que los republicanos no sean capaces de “mantener las formas”, y navegar en ese difícil equilibrio entre la defensa de sus postulados independentistas y el apoyo a un Gobierno que trata de encauzar el enorme problema político que vive España.

Los republicanos lo saben, pero en su naturaleza aparecen ese tipo de actitudes, al sufrir, como ocurre en el campo de la derecha española, la competencia extrema con el mundo de Carles Puigdemont, que juega al “todo o nada”, desde Waterloo, con su instrumento en Barcelona, la Crida Nacional per la República, dispuesto a comerse al PDeCAT y a hacer inviable cualquier posibilidad de acuerdo con el Gobierno español.

Sánchez intenta algo que puede resultar imposible. Fuentes socialistas, en Madrid y en Barcelona, lo admiten. Pese a ello, “desea seguir y mantenerse”, con el horizonte máximo del otoño de 2019, y con el más realista de marzo o mayo, cuando podría convocar elecciones haciéndolas coincidir con las autonómicas, las municipales y las europeas.