Cataluña pierde 900 policías nacionales y guardias civiles en cinco años

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han reducido su presencia en Cataluña en 909 agentes en los últimos cinco años, al pasar de 7.093 a 6.184 policías nacionales y guardias civiles destinados a esta comunidad.

Los datos han sido facilitados por el Gobierno en respuesta a una pregunta del diputado del PDeCAT en el Congreso Feliu Joan Guillaumes.

Policía Nacional y Guardia Civil

En concreto, la Policía Nacional ha pasado de tener 3.491 agentes desplegados en Cataluña en 2012 a contar con 2.859 a 31 de diciembre de 2017, lo que supone una disminución de 632 unidades.

Por su parte, la Guardia Civil tenía 3.602 números en 2012 y 3.325 a finales de 2017, lo que implica una reducción de 277 agentes.

Distribución por provincias

Hace cinco años, los policías nacionales se repartían entre las cuatro provincias de la siguiente forma: Barcelona, 2.601; Girona, 344; Tarragona, 342, y Lleida, 204.

En el caso de los guardias civiles, 1.990 estaban destinados en Barcelona; 602 en Tarragona; 535 en Girona y 475 en Lleida.

Alumnos en práctica

Según ha reconocido el Ministerio del Interior, la crisis económica mermó el número de agentes, lo que tuvo especial incidencia en Cataluña, excepto por el número de alumnos en práctica y con su primer destino, que han pasado de 19 a 43 (en el caso de la Policía Nacional) y de dos a 116 (en el caso de la Guardia Civil).

Cabe recordar que en octubre de 2017 se movilizó en esta comunidad un dispositivo de refuerzo sin precedentes de unos 6.000 policías y guardias civiles para hacer frente al referéndum secesionista ilegal del 1-O promovido desde la Generalitat de Cataluña.

Protesta sindical

Los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil reclaman al Ministerio del Interior que destine más recursos y medios a las fuerzas de seguridad del Estado, así como que se estudie el reparto de los efectivos en toda España.

Algunas de estas organizaciones ven con recelo la progresiva salida de efectivos de CCAA como Cataluña, País Vasco y Navarra, que cuentan con policías autonómicas.