La “república digital” catalana está dando lugar a un tráfico de logotipos oficiales y datos personales que, según la oposición política y los expertos, incumplen la legalidad. Así, mientras Carles Puigdemont intenta convencer a entidades secesionistas para que le trasvase su banco de datos, para poder reclutar simpatizantes generosos con la causa –se piden 10 euros para inscribirse en ese registro del Consejo de la República--, la Generalitat hace la vista gorda con el uso del logo oficial de la Generalitat.

El diputado de Ciudadanos, Dimas Gragera, ha presentado una copia del expediente o expedientes sancionadores que se han abierto por el uso no autorizado de los signos distintivos de la Generalitat. Lo hace después de que el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, admitiera el pasado 26 de octubre al diputado, mediante una respuesta parlamentaria, que no existe ningún documento de autorización por el uso de los signos distintivos de la Generalitat al “gobierno en el exilio” de Puigdemont, tanto en webs paralelas --algunas de esas páginas fueron cerradas por orden judicial--, como en “mensajes institucionales” pronunciados por el de Waterloo.

“Se trata de un uso indebido de los logotipos institucionales por el que cualquier ciudadano sería sancionado duramente. Queremos saber si se han tomado medidas, porque de lo contrario, el Govern incurriría en dejadez de funciones”, explica Gragera a Crónica Global.

La prohibición de uso, por parte de terceros, de estos logos viene contemplada en los acuerdos del propio Govern aprobados el 10 de noviembre de 2009, ampliados a todas las empresas del sector público el 4 de octubre de 2011, referentes a la identidad visual corporativa y racionalización de la identidad corporativa de la Generalitat.

Ya en abril del año pasado, el diputado solicitó información. Aragonés informó que la marca “Generalitat de Catalunya” está registrada por el Departamento de la Presidencia ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y que el Govern había llevado a cabo “funciones de vigilancia de la marca” para evitar cualquier solicitud de registro “por parte de terceros de otras marcas que totalmente o parcialmente coincidan con la marca registrada y puedan generar un perjuicio a la Generalitat y confusión a la ciudadanía”. Pero, según el vicepresidente del Govern, “hasta hoy no ha sido este el caso y, por tanto, no existe ningún expediente de oposición en el registro del OEPM”.

mensaje puigdemont

Tal como informó Crónica Global, expertos en protección de datos instan a investigar la república digital de Puigdemont, pues ven ilegalidades en el tratamiento, almacenamiento y custodia en las web del Gobierno de Waterloo, así como el pretendido trasvase de emails de entidades independentistas.

Según Ernesto Abelló, presidente de la Asociación Profesional de Consultores en Protección de Datos (APCPD), “se está incurriendo en muchas presuntas ilegalidades en su tratamiento, tanto por el lugar donde los almacenan y cómo los recogen hasta cómo los custodian. La autoridad de protección de datos debería actuar ya”. Y recuerda que ésta “puede sancionar, bloquear las bases de datos si estima que el riesgo o vulneración de derechos así lo justifica”.