Primero se concedieron las subvenciones. Después se suspendió el pago para después levantar ese bloqueo. Hasta que, finalmente, se ha volvieron a anular esas ayudas públicas. Todo ello en apenas dos años. Se trata de las polémicas subvenciones concedidas por la Diputación de Barcelona a asociaciones vinculadas a CDC, a través de la Dirección General de Relaciones Internacionales y que dio lugar a una investigación judicial que se saldó con la detención del expresidente del ente supramunicipal, Salvador Esteve.
Este vaivén gestor se remonta al 11 de enero de 2017, cuando se acordó la suspensión cautelar de cualquier pago pendiente de realizar en relación con diferentes expedientes de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Diputación. La medida tuvo lugar después de que el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, que había incoado diligencias previas, solicitara una copia de esos expedientes. La investigación parte de una denuncia de la CUP y CGT presentada ante la Oficina Antifraude de Cataluña en junio de 2016.
Información de la Intervención General
Posteriormente, el 4 de mayo de 2017, y tras la información recabada por la Intervención General de la corporación, se acordó hacer extensiva la suspensión a otros tres expedientes incluidos en el requerimiento judicial, también pendientes de pago.
Varios agentes de la Policía Nacional entran en un edificio de la Diputación de Barcelona para investigar las subvenciones concedidas / EFE
Varios agentes de la Policía Nacional entran en un edificio de la Diputación de Barcelona para investigar las subvenciones concedidas
La Diputación decidió consultar al juzgado la posibilidad de liberar los pagos, dado el tiempo transcurrido sin la emisión de ninguna orden de retención especifica. El juez comunicó el 11 de mayo de 2018 que no había adoptado ninguna medida cautelar en ese sentido. Por ello, el 23 de mayo se resolvió levantar la suspensión de los pagos pendientes y seguir su tramitación hasta su resolución definitiva.
28 subvenciones fraudulentas
El 24 de mayo tuvo lugar la operación policial, que se saldó con una veintena de detenidos, entre ellos el expresidente de la Diputación, Salvador Esteve, por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, en concurso con prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Las pesquisas se centraron en 28 subvenciones fraudulentas con países de América Latina, Marruecos o Bosnia concedidas por la Diputación mediante varias entidades entre 2012 y 2015, durante el mandato de Esteve. El juez considera que la cifra estafada podía alcanzar los dos millones de euros.
Salvador Esteve, expresidente de la Diputación de Barcelona, durante su toma de posesión / EFE
Salvador Esteve, expresidente de la Diputación de Barcelona, durante su toma de posesión
Entre los asociaciones objeto de investigación destacan Igman-Acció Solidaria, presidida por Francesc de Dalmases, diputado de Junts per Catalunya, y Fundació CATmón, presidida por Víctor Tarradellas, hombre vinculado al exdirigente de CDC Oriol Pujol --implicado en el fraude de las ITV-- y que había ejercido el cargo de secretario de Relaciones Institucionales del partido. La mayor parte de los ingresos de Dalmases y Terradellas procedían de esas ayudas de CDC a la cooperación, según el juez.
El 2 de agosto de 2018 se suspendió otra vez la tramitación de algunos expedientes tras la investigación judicial.
El diputado del Grupo del Partido Popular, Xavier Mulleras, formuló una pregunta con la finalidad de aclarar la situación de esas polémicas subvenciones. En respuesta a ese requerimiento, la Diputación ha asegurado que “no consta ningún pago efectuados entre el 23 de mayo y el 2 de agosto de 2018 a ninguna de las entidades incluidas en el listado.