La sentencia del Tribunal Supremo, que ha puesto contra las cuerdas al propio tribunal, anulando una sentencia de hace quince días en sentido contrario, deja el pago del impuesto sobre las hipotecas en manos del ciudadano, y no de los bancos. El beneficiario de ese pago, sin embargo, es la administración pública y, en concreto, de las comunidades autónomas. A la espera de lo que pueda decidir el Gobierno, sobre un cambio legislativo, la Generalitat se juega el ingreso de unos 500 millones de euros por el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, en su mayoría relacionados con la contratación de hipotecas.
Lo que ocurra con el impuesto, por tanto, repercutirá en las finanzas de las autonomías, que han basado su financiación en el ciclo económico, y, por tanto, dependen mucho de impuestos ligados a la construcción y a la compra-venta de viviendas.
El impuesto más alto
Este año, la Generalitat prevé ingresar 479,4 millones de euros por este impuesto. Hasta agosto ya había sumado 328 millones, un 15% que el año pasado en el mismo periodo.
Es cierto que los AJD grava otro tipo de documentos, y la Generalitat no tiene dividido lo que ingresa exactamente por los préstamos hipotecarios, pero es la parte central de todos los ingresos por ese concepto. En ese caso, el gobierno autonómico lo grava con el 1,5% desde marzo de 2012, uno de los más altos por comunidades, en comparación con el 0,75% de Madrid o el 0,5% del País Vasco, o el 1,25% de Extremadura.
El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha alcanzado un principio de acuerdo con el Ministerio de Hacienda / EFE
El consejero de Economia, Pere Aragonès, busca más ingresos con la negociación con el Gobierno
Problema autonómico
El impuesto también grava la modificación de préstamos, las constituciones de hipotecas inversas, las declaraciones de obra nueva, las divisiones horizontales de fincas o las transmisiones sujetas al IVA, o los documentos mercantiles como el pago en metálico de letras de cambio.
El impuesto está ligado estrechamente al dinamismo del mercado inmobiliario, y, por tanto, a la evolución del ciclo económico. Y ese es, precisamente, el problema central de la financiación de las comunidades autónomas, su dependencia de ese tipo de tributos. En el punto álgido del boom inmobiliario, la Generalitat llegó a ingresar por ese impuesto 1.663 millones en 2006, y algo menos en 2007, unos 1.502 millones de euros.
Mayor recaudación
¿Qué pasó posteriormente? En 2008, la recaudación comenzó a caer, y pasó de los 892 millones en ese año, a 624 millones en 2009 hasta el mínimo de 301 millones en 2013.
Desde entonces, ha ido subiendo, hasta los casi 500 millones que se espera recaudar en 2018.
La recaudación a lo largo de este año ha aumentado de forma significativa. En los primeros seis meses, la Generalitat, a través de la Agencia Tributaria de Cataluña, recaudó 1.409 millones de euros, por los impuestos propios y cedidos, como el analizado sobre documentos jurídicos documentados. Se trata de el 9,61% más que el año anterior. En concreto, tanto por ese impuesto como por el de transmisiones patrimoniales, también ligado a la coyuntura inmobiliaria, los ingresos superaron los 1.000 millones de euros, el 5,08% más que en 2017.