El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha comparecido este miércoles en el Parlament apelando al diálogo y a la liberación de los líderes independentistas encarcelados. El Síndic ha pedido la excarcelación inmediata de los líderes del procés mientras “no haya un juicio con plenas garantías” y una sentencia firme. En su comparecencia ha condenado la aplicación del artículo 155 además de cargar contra la judicialización del conflicto político catalán. Acogiéndose al informe que recoge “la vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas” desde e 1 de octubre, la figura equivalente al defensor del pueblo catalán, ha expuesto su apuesta por el “diálogo, la propuesta y la consulta acordada” tras las actuaciones “desproporcionadas” que se han venido sucediendo en Cataluña.
En su informe, Ribó resalta el “uso abusivo y desproporcionado” del Código Penal hecho que considera como una “vulneración flagrante” de los derechos fundamentales. Para el Síndic el origen del conflicto se debe a "no haber sabido desarrollar el consenso de la Constitución".
Recetas para todos
El Síndic ha recordado al presidente de la Generalitat Quim Torra que el conflicto catalán “no es un tema de estómago”. Así, ha enfatizado la ilegalidad de las decisiones tomadas en los plenos del 6 y 7 de septiembre de 2017 además de apelar la constitucionalidad de los hechos perpetrados por el Estado. Según sus palabras, “Unos han negado el diálogo y otros han planteado utopías”.
Sin embargo no ha dudado en advertir la “inmensa injusticia” que supone que haya nueve personas encarceladas. Ribó ha llamado a respetar la “presunción de inocencia” ante las acusaciones de la vicepresidente del Gobierno Carmen Calvo que aseveró que los líderes habían cometido delitos. El Síndic no ha dudado en calificar a los líderes encarcelados como “presos políticos” apelando además al ejemplo de Turquía como país que también cuenta con parlamentarios entre rejas.
Reacciones
Carlos Carrizosa, diputado de Cs, ha pedido la dimisión de Ribó y ha asegurado que “su misa se basa en informes parciales que apoyan las tesis del Govern”. Además ha anunciado que mandará una misiva a sus compañeros europeos para alertarles de que está “del lado de los que pisotearon los derechos”. Apelando a hacer bloque constitucionalista y “echar” a Ribó de su cargo, la diputada popular Andrea Levy, lo ha acusado de ser un comisario político: "Ha llegado el momento y ofrecemos esta iniciativa. La mejor recomendación es que se vaya". Los socialistas también han calificado las declaraciones del Síndic lejos de ser “imparciales e independientes”. Además, la diputada Marta Moreta ha declarado que ni Rajoy ni Puigdemont “fueron capaces de impulsar el diálogo”. En cuanto a las medidas adoptadas por el Gobierno ha apostillado que el 155 sirvió para “restablecer las instituciones que los independentistas se cargaron”.
Los comuns, a través de Joan Josep Nuet, han afirmado que “la lista de vulneraciones de derechos humanos es escalofriante”. El posconvergente Eduard Pujol también ha acusado al Estado de mentir definiendo el 155 de “trituradora de libertades, derechos, democracia y normalidad” además de bautizarlo como “hijo ilegítimo del decreto de nueva planta”. Anna Caula de ERC ha tachado de “secuestro” el encarcelamiento de la cúpula del procés además de augurar que en el juicio de los líderes presos será vulnerado el derecho a defensa. Los antisistema de la CUP han subrayado que no "no esperan nada de la judicatura española" y han vuelto a acusar al juez instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, de "actuar como legislador”.