Los inspectores educativos como arma arrojadiza del ‘procés’

Que la inspección educativa en Cataluña ha sido un embrollo durante años es algo admitido por el propio sector. Sin embargo, el proceso secesionista ha contribuido a complicar todavía más la situación. El consejero de Enseñanza, Josep Bargalló, acaba de anunciar la creación de un cuerpo propio de inspectores para velar por la inmersión. Lo ha hecho para defenderse de las críticas recibidas por proponer el aumento de horas de castellano en centros escolares con un entorno sociolingüístico donde el idioma catalán está muy arraigado.

Portada de la revista Òmnium

Sin embargo, Cataluña ya tiene competencias en esa materia, incluso blindadas mediante sentencia del Tribunal Constitucional. La supuesta inactividad de la Alta Inspección, que depende del Ministerio de Educación, ante denuncias sobre adotrinamiento soberanista en las aulas catalanas acentúa el embrollo.

Lo que dice la ley

La ley 2/2006 de Educación (LOE) establece que la inspección del sistema educativo es competencia y responsabilidad de las administraciones públicas dentro de sus respectivos ámbitos territoriales. Todas las autonomías, excepto Ceuta y Melilla, tienen transferidas las competencias educativas y, por tanto, tienen sus propios inspectores educativos, que dependen de las respectivas consejerías. La LOE aborda la figura de la Alta Inspección, a través de la cual el Gobierno español conserva determinadas competencias.

Entre ellas destacan la comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos por el Estado en la ordenación general del sistema educativo en cuanto a modalidades, etapas, ciclos y especialidades de enseñanza, así como en cuanto al número de cursos que en cada caso corresponda. También vela por la inclusión de los aspectos básicos del currículo dentro de los currículos respectivos y que éstos se cursan de acuerdo con el ordenamiento estatal correspondiente, y por el cumplimiento de las condiciones para la obtención de los títulos correspondientes y de los efectos académicos o profesionales de los mismos.

Garantizar la igualdad y los derechos lingüísticos

En definitiva, la Alta Inspección debe garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes en materia de educación, así como de sus derechos lingüísticos, y verificar la adecuación de la concesión de las subvenciones y becas a los criterios generales que establezcan las disposiciones del Estado.

El Gobierno destina a cada comunidad un miembro de la Alta Inspección, que no tiene función ejecutiva para intervenir en la administración. “Los inspectores autonómicos, si tienen buena relación con la Alta Inspección, envían sus borradores, tal como hacen con otras instituciones”, explican a Crónica Global fuentes de la inspección educativa. Añaden que “siempre ha existido un debate sobre las funciones de los inspectores educativos. ¿Deben asesorar o evaluar?”. Y admiten que las relaciones entre los inspectores catalanes y la Alta Inspección "no ha sido excelente".

Un informe muy crítico

El informe “Instrumentalización nacionalista del sistema educativo en Cataluña: el caso del 1 de octubre”, elaborado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) en Cataluña, aborda el papel de la inspección educativa durante el procés. Y lo hace de forma muy crítica, ya que denuncia la “inacción” respecto a situaciones de adoctrinamiento o de incumplimiento de las sentencias sobre las horas de castellano en los colegios catalanes.

La Inspección de Enseñanza en Cataluña está regulada por decreto 266/2000. Entre sus funciones se encuentra la evaluación de los centros docentes, el ejercicio de la función directiva y de la función docente y la intervención de los servicios y programas educativos en la actividad educativa y participar en la evaluación general del sistema educativo. Asimismo, deben velar por el cumplimiento, en los centros docentes y en los servicios educativos, de la normativa reguladora que afecte a su funcionamiento, y asesorar, orientar e informar a los sectores de la comunidad escolar en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones. Y también orientar a los equipos directivos en la adopción y el seguimiento de medidas que favorezcan la convivencia, la participación de la comunidad escolar y la resolución de conflictos.

El programa 2000 de Jordi Pujol

AEB afirma que este diseño normativo sobre los inspectores contrasta claramente con los objetivos que fijaba para ellos el Programa 2000 de Pujol. Proponía este documento, como actividad fundamental en materia de enseñanza, "reorganizar el cuerpo de inspectores de forma y modo que vigilen el correcto cumplimiento de la normativa sobre la catalanización de la enseñanza". Asimismo, subrayaba que se habría de "vigilar de cerca la elección de este personal".

El presidente Quim Torra, el vicepresidente Pere Aragonès y el consejero de Enseñanza Josep Bargalló

Esta asociación denuncia un aspecto que ya había sido debatido en repetidas ocasiones en el Parlament: la elección a dedo de los inspectores. Dicho de otra manera, el alto índice de interinidad, lo que a su juicio, garantizaba un servicio a la medida de las necesidades del Govern nacionalista.

Profesionales elegidos a dedo

Cuando se producen los hechos en los que se centra este informe --adoctrinamiento soberanista en centros escolares y señalamiento de hijos de guardias civiles en Sant Andreu de la Barca-- “el 80% de los inspectores de Enseñanza de la Generalitat son funcionarios docentes que ocupan sus plazas de manera interina (en comisión de servicios), siendo renovados anualmente por la administración autonómica, con algunas pruebas de notable carácter discrecional como proyectos o entrevistas personales. Se les conoce como ‘inspectores accidentales’. Ninguna otra comunidad autónoma tiene este número de interinos. Del mismo modo que ninguna otra ha estado, como Cataluña, quince años (2002-2017) sin convocar un concurso-oposición para la provisión de plazas de inspector”.

A finales de 2017 se convocó, por fin, ese concurso.

Prioridad de la "nueva república"

“El acceso al cuerpo de inspectores sí que era una prioridad en la regulación de la ‘nueva República’. Formaba parte de las materias que requerían un decreto de urgencia, tal como ha desvelado el análisis de los documentos encontrados en el registro del despacho de Josep Lluís Salvadó, ex secretario de Hacienda de la Generalitat, en la denominada “Operación Anubis”, afirma AEB.

Estas pretensiones independentistas pueden inducir a error pues ya existe ese cuerpo autonómico de inspectores. De hecho, el Tribunal Constitucional blindó sus competencias el pasado mes de febrero al estimar el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Generalitat contra la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) --conocida como la ley Wert-- y anular algunos preceptos impugnados por considerar que invaden competencias autonómicas en materia de educación.

La sentencia del TC

Entre otros aspectos, la sentencia consideraba que el sistema diseñado por la ley para garantizar la enseñanza en castellano sostenida con fondos públicos no respetaba el reparto de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma. Se refiere, en concreto, a la capacidad del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Alta Inspección de Educación.

Campaña SCC contra el "adoctrinamiento nacionalista" y la exclusión del castellano en los colegios catalanes

A pesar del reconocimiento de esas competencias, el Govern insiste en la necesidad de crear un cuerpo de inspectores propio, se entiende que no sometido a las directrices generales del Ministerio. Así lo ha manifestado recientemente el consejero de Enseñanza, Josep Bargalló, a raíz del polémico documento El modelo lingüístico del sistema educativo en Cataluña. El aprendizaje y el uso de las lenguas en un contexto educativo multilingüe y multicultural. En el mismo se pone de manifiesto la necesidad de ampliar las horas de castellano en municipios donde la lengua catalana está muy arraigado.

El informe de la Alta Inspección

Bargalló ha recibido críticas, tanto del mundo independentista, que defiende el modelo de inmersión lingüística, como de sectores favorables al bilingüismo escolar. De ahí que haya salido al paso de las mismas asegurando que la inmersión no se toca y que ese cuerpo propio de inspectores debe velar por ello.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha heredado este embrollo del anterior Ejecutivo del PP, que dejó a medidas un informe de la Alta Inspección sobre el supuesto adoctrinamiento en las escuelas catalanas. La Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE) ha pedido que se complete ese análisis porque, afirman, “se han vulnerado derechos fundamentales”.