Los miembros de la Mesa del Parlament durante 2017 --excepto Carme Forcadell, expresidenta de la cámara-- son los que menores acusaciones han recibido por parte de la Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado con respecto a su papel en el 1-O. Las penas que estas instituciones estatales han pedido para Lluis Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Josep Joan Nuet distan en gran medida de las demandadas para Oriol Junqueras y otros miembros de la Generalitat de Cataluña. 

La Fiscalía y la Abogacía del Estado creen que estos representantes políticos protagonizaron un delito de desobediencia, que comporta multas económicas e inhabilitación en el ejercicio de cargos públicos, pero no penas de cárcel.

'Leyes de desconexión'

Como miembros de la Mesa del Parlament, los políticos anteriormente citados son responsables de la tramitación de las conocidas como leyes de desconexión, los textos que servían de excusa legal para el referéndum y apuntalaban la creación de diferentes organismos catalanes que, tras la declaración unilateral de independencia (DUI), se harían cargo de la administración de aspectos cuya competencia reside en el Estado. Estas serían, por ejemplo, la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y los tribunales, entre otros. 

Ambas leyes fueron rechazadas y anuladas por el Tribunal Constitucional, ya que su era contrario a la Carta Magna. La tramitación de estos textos ha sido la causa por la que han sido incluidos en la investigación del caso protagonizado por el nacionalismo catalán. 

Desobediencia

La Fiscalía acusa a todos los miembros de la Mesa de un delito continuado de desobediencia grave. Solicita para cada uno de ellos una multa de 30.000 euros (100 euros diarios durante 10 meses) y un año y ocho meses sin poder ejerer cargos o empleos públicos. También la expresidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boya, se enfrenta a esta misma pena.

Por su parte, la Abogacía del Estado pide esta misma pena económica y de inhabilitación para Corominas, Guinó, Simó y Barrufet. Sin embargo, para el exsecretario tercero del Parlament, Joan Josep Nuet, y para Boya la pena se reduce a 16 meses de prisión (un año y cuatro meses) y a 24.000 euros de multa, aunque el delito del que le acusan es el mismo que el de sus compañeros. La Abogacía del Estado no ha declarado a qué se debe esta reducción. 

nuet tribunal supremo

Joan Josep Nuet, en una imagen de archivo

Admitir el trámite

Según la Abogacía del Estado, los acusados "debían haber inadmitido a trámite" tanto la ley de referéndum como la de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana, así como "todas las propuestas contrarias al orden constitucional".

"A pesar de las múltiples advertencias y requerimientos personales que les formuló el Tribunal Consitucional para que se abstuvieran de tramitar iniciativas de esta índole, votaron sistemáticamente a favor de su admisión", alega el órgano.