La Abogacía General del Estado rebaja a 12 años la pena para Junqueras

La Abogacía General del Estado pide 12 años de cárcel por Oriol Junqueras, el líder del Gobierno independentista que proclamó de forma provisional la república catalana. Su escrito de acusación se basa en los delitos de sedición y malversación de caudales públicos, pero confirma que ha descartado el de rebelión. De aquí la gran diferencia de penas entre la valoración de los letrados del Estado y la Fiscalía, que eleva a 25 años de prisión y otros tantos de inhabilitación absoluta. 

El organismo que dependen del Ministerio de Justicia, encabezado por Dolores Delgado, también rebaja a los 11 años y medio las peticiones de cárcel para los exconsejeros de la Generalitat que están en prisión provisional. Joaquim Forn, Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Rull y Jordi Turull también deberán responder por un delito de sedición y malversación de caudales públicos. Mientras que Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila, los tres miembros del Ejecutivo catalán que se han desmarcado de las decisiones políticas que se tomaron en ese momento y han puesto punto y final a su etapa institucional, se les piden siete años. En este caso, las penas entre ambas instituciones judiciales coinciden. 

Carme Forcadell, expresidenta del Parlament, también deberá responder por sedición. Pero mientras que la Fiscalía incluye la pena de 17 años de cárcel en el escrito de acusación, la petición de los letrados del Estado es de 10 años. Aún difiere más la petición de cárcel para los líderes de las principales organizaciones independentistas, ANC y Òmnium Cultural. La petición máxima de pena para Jordi Sànchez y Jordi Cuixart es de ocho años, muy lejos de los 17 que solicita la Fiscalía General del Estado. 

Tres tipos de procesados

El Servicio Jurídico del Estado diferencia entre "tres tipos de procesados", tal y como indica en su esctito de conclusiones provisionales. Los letrados consideran que los miembros del Gobierno de Carles Puigdemont jugaron el "papel de adoptar las decisiones ejecutivas necesarias" para realizar el referéndum ilegal del 1-O en su condición de "autoridad". A los seis que están en prisión provisional se les imputan los delitos de sedición y malversación en "concurso medial". Es decir, que el presunto desvío de fondos públicos para fines ilegales fue el "medido necesario para cometer el delito más grave". 

Indican que las penas solicitadas se justifican por haberse alzado "pública y de forma tumultuaria para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes" o el cumplimiento de "resoluciones administrativas o judiciales". Es decir, la celebración de la votación y la posterior declaración de la república catalana en el Parlament. "Es una obviedad decir que el proceso descrito (...) es imposible que se realizara sin el correspondiente gasto público", añade la Abogacía. Costes como la publicidad institucional, organizar la administración electoral, el registro de catalanes en el exterior, la compra de material para la votación o el pago a los observadores internacionales, entre otros. 

Borràs, Mundó, Vila y los 'Jordis'

¿Qué diferencia la pena que se solicita a los exconsejeros encarcelados y a Borràs, Mundó y Vila? Que a estos últimos tres el Servicio Jurídico Estatal sólo se aprecia los delitos de "malversación y desobediencia grave por autoridad pública". Se considera que el primer grupo de políticos habrían "inducido, sostenido y dirigido la sedición desde su condición de miembros del Gobierno". Mientras que a los otros tres se les acusa de haber adoptado los "acuerdos para la ejecución y desarrollo del referéndum del 1 de octubre, disponiendo ilegítimamente de fondos públicos". Además de "desoír de forma sistemática los acuerdos del Tribunal Constitucional". 

A los Jordis, en el escrito se les señala como autores de un delito de sedición por haber "inducido, sostenido y dirigido" sin la condición de "autoridad" que sí se atribuye a los exmiembros del Ejecutivo catalán que también son acusados del mismo delito. Se les acusa de liderar la movilización social "como medio para la consecución de los fines relativos al incumplimiento de la legalidad y la desobediencia a las resoluciones administrativas y judiciales". 

Sedición de Forcadell

El "tercer polo" del escrito de la Abogacía se centra en el papel que se jugó desde la Mesa del Parlament para facilitar la tramitación de las leyes que facilitaron la celebración del 1-O y de la proclamación simbólica de la república catalana. La petición más grave es para la expresidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, también en prisión provisional. Igual que en el resto de los acusados, los letrados del Estado sólo contemplan la sedición. De aquí la rebaja de 17 a 10 años en la prisión de cárcel en el escrito que está a manos del Tribunal Supremo.