Las puertas giratorias es cosa de los abogados del Estado

Un abogado del Estado lo puede hacer casi todo en España: su función en la administración, su entrada en un Gobierno como ministro y... también puede fomar parte de un consejo directivo de una gran empresa cotizada. Las puertas giratorias han generado una enorme polémica en los últimos años, con acusaciones a políticos que entraban en el ámbito empresarial. Podemos y ERC fueron especialmente duros con Felipe González por haber formado parte del consejo de administración de Gas Natural. Pero en España los que entran y salen libremente de la política y entran en el ámbito empresarial son los altos funcionarios del Estado.

Los investigadores Maximilian Gebhardt y Ángel Saz-Carranza han elaborado un informe en Esadegeo-center for Global Economy and Geopolitics que señala que esa “colonización” es enorme, en comparación a países como Alemania.

Del total de 35 empresas del IBEX, en 34 hay directivos que han pasado por el sector público, por sólo 14 en el Dax30 de Alemania. Si se mira al revés, el informe concluye que sólo una empresa del IBEX no tiene en su consejo a algún representante con experiencia en el sector público, por 16 empresas en el caso alemán.

El vivero del PP

Lo que señala esta investigación, sin embargo, va más allá, y deja constancia de la importancia en España de haber aprobado una oposición, para un alto cargo de la importancia, por ejemplo, de un abogado del Estado. El director de Esadegeo Center for Global Economy and Geopolitics, Ángel Saz-Carranza, explica a Crónica Global que eso se debe a “una inercia institucional, que viene de lejos, que nadie quiere reformar, porque no hay mayorías suficientes para darle un vuelco a esa situación”.

No todos esos altos cargos han servido en distintas administraciones. Es decir, sin ser monopolio de un partido, “sí es cierto que es una característica más común en el PP, que se nutre de esos altos funcionarios, mientras que el PSOE acostumbra a tener un vivero más centrado en el ámbito universitario”.

Sectores regulados

Si se cuentan dos niveles de representación en las grandes empresas, el consejo de administración y el comité de dirección, --con diferencias regulatorias en España y Alemania-- el análisis es taxativo: 187 miembros en las grandes empresas españolas con experiencia en la administración, por 32 en el caso de las empresas alemanas.

¿Pero, de dónde vienen esos altos cargos? De los 141 que forman parte de los consejos de administración, hasta 73 son altos cargos del Estado, como abogados, economistas, inspectores fiscales, funcionarios de la administración, auditores o ingenieros. En la mayoría de casos, las empresas que más cuentan con estos altos cargos son las reguladas: telecomunicaciones, energía, banca, infraestructuras o correos. La mayoría son cooptados después de su paso por el poder Ejecutivo. Es decir, muchos de ellos han sido altos cargos del Estado, luego ministros, y después miembros de los consejos de administración de las grandes empresas.

El caso de Sáenz de Santamaría

Para el politólogo Víctor Lapuente, esa característica española arrastra el legado del estado franquista, donde se decía que se podía “opositar a ministro”. Lo explica con detalle en su último libro Organizando el leviatán, en el que insiste en dividir tareas y responsabilidades.

La democracia cambió esa dinámica del estado autoritario-administrativo, con la entrada de profesionales en la política procedentes de ámbitos muy distintos, pero persiste el prestigio del abogado del Estado, que podía ejemplarizarse en la figura de Soraya Sáenz de Santamaría, y, en general, con el anterior gobierno de Mariano Rajoy, de profesión registrador de la propiedad. De los 15 ministros, hasta 12 procedían de las altas esferas de la administración del Estado. Y ahora Sáenz de Santamaría acaba de ser elegida miembro del Consejo de Estado, una de las altas instituciones en España que asesora al Gobierno, y que agrupa a los expresidentes del Ejecutivo español.

¿Condiciona tanto la política como el funcionamiento de las grandes empresas? Lo que señalan expertos como Lapuente es que “las fronteras deberían quedar mucho más claras, y políticos y altos funcionarios serían más competentes y trabajarían mejor codo a codo con la asunción de responsabilidades distintas”.

La investigación de Gebhardt y Saz-Carranza evidencia, en todo caso, que si hay puertas giratorias, quien las aprovecha es el alto funcionario del Estado, concentrado, además, en Madrid, donde se preparan y se realizan las oposiciones.