Los Presupestos Generales del Estado (PGE) de 2019 han generado consensos respecto a la modificación de algunos aspectos que recoge la denominada ‘Ley Mordaza’ y que pretende, entre otras medidas, despenalizar las injurias a la Corona y el delito de ofensas religiosas. PSOE y Podemos han acordado impedir la prohibición de manifestaciones sin comunicación previa además de limitar las identificaciones policiales y evitar las condenas a piquetes.
La Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada en 2015 por el PP, cuenta con muchos detractores. La reforma del texto que se está tramitando en el Congreso contempla ciertas modificaciones presentadas anteriormente por el PNV. Pese a la derogación completa de la ley que había propuesto el Grupo Socialista cuando estaba en la oposición, ahora las medidas planteadas por el Ejecutivo --y respaldadas por Podemos-- suponen una suavización de algunos artículos de la polémica Ley Mordaza.
Rescatar la libertad de expresión
La decisión de las formaciones progresistas pretende revertir los artículos de la ley elaborada por el PP. Como requisito para poder organizar manifestaciones, el texto de 2015 especificaba como obstáculo la ausencia de comunicación previa. Según recogen Ejecutivo y Unidos Podemos estas medidas tenían como objetivo “desalentar la protesta social” y “limitar los derechos de libertad de expresión y de reunión”. Reclaman una actuación policial digna bajo la contemplación de los derechos humanos. Por ello, los agentes deberán llevar siempre una identificación “claramente visible”. Además, el registro corporal sólo se aplicará en casos de “indicios concretos y comprobables” y restringen a dos horas el tiempo que se puede estar retenido en comisaria.
Las cuantías de las sanciones económicas por cometer delitos en manifestaciones también sufrirán modificaciones. Según la propuesta, se aplicarán según la capacidad económica del castigado. Para ello, se revisarán los tipos de infracción que permitan garantizar el derecho de manifestación.
Revisar el Código Penal
La propuesta cita el artículo 315 del Código Penal que atañe directamente a los piquetes informativos en las huelgas. El acuerdo apuesta por eliminar la excesiva regulación que limita la posibilidad de manifestarse. El texto pretende restringir al máximo la posibilidad de perseguir penalmente a personas que asisten a manifestaciones consideradas ofensivas. Resaltan que serán modificados los artículos referidos a los delitos de ofensa a sentimientos religiosos e injurias a la Corona. La derogación de los artículos que afectan directamente al delito de calumnias o injurias a los miembros de la Casa Real cuenta con defensores dentro del arco parlamentario. El pasado marzo, Esquerra Republicana defendía en el Pleno del Congreso una proposición no de ley para derogar estos artículos. Como argumentación, los independentistas catalanes alegaban a la libertad de expresión como derecho fundamental.
Imagen de archivo de la quema de una foto de Rey / EFE
Imagen de archivo de la quema de una foto del Rey / EFE
La revisión del Código Penal ha supuesto uno de los temas más mediáticos durante los últimos meses gracias, en parte, a los mensajes lanzados por raperos y artistas condenados por enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona, o delitos de odio.