El Parlament ha aprobado, con los votos de Junts per Catatalunya, ERC y Catalunya en Comú-Podem (69 votos en total), una propuesta de resolución en la que se pide la abolición de la monarquía y la reprobación del Rey Felipe VI por "justificar" la violencia ejercida contra los votantes del referéndum del 1-O en su discurso institucional. La CUP (4) se ha abstenido.
Se da la circunstancia de que los comunes, que son los autores de esta iniciativa transaccionada, votaron en contra de una propuesta similar el pasado martes durante el Debate de Política General celebrado en el pleno, y que habían presentado los socios del Govern y la CUP. En aquel caso, la confluencia de izquierdas había alegado que el rupturista texto de los independentistas entraba en contradicción con su apuesta por un referéndum acordado.
Una institución "caduca y antidemocrática"
En un nuevo debate parlamentario sobre la priorización de la agenda social y la recuperación de la convivencia, Catalunya en Comú-Podem ha presentado otra propuesta. Se titula "Por la defensa de las instituciones catalanas y las libertades fundamentales.
En ella se "apuesta por la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía" y la "reprobación del Rey Felipe VI" por justificar "la violencia de los cuerpos policiales contra la ciudadanía" durante el referéndum del 1-O. Ciudadanos, PSC y el PPC (57 votos entre los tres) han votado en contra de esta resolución.
Una propuesta "honesta, sin trampas"
La diputada de los comuns Yolanda López ha defendido que este jueves sí han votado a favor de reprobar el monarca porque su propuesta de resolución era "honesta, sin trampas ni artimañas" a diferencia de la que presentó el martes JxCat.
Así, ha afeado al grupo independentista que su propuesta de resolución del martes para reprobar el Rey incluyera también una defensa de "la vía unilateral", algo que los comuns rechazan porque son partidarios de un referéndum pactado.
Apuesta por el diálogo
También condena la aplicación del artículo 155 de la Constitución y las amenazas de ilegalización de partidos catalanes, así como lo que se califica de "actos represivos contra la ciudadanía", la "judicialización" de la política y la "violencia ejercida contra derechos fundamentales".
Asimismo, en esta misma propuesta que ha salido adelante se emplaza a las instituciones catalanas y a los partidos al diálogo, al acuerdo y al respeto a la pluralidad.