El informe publicado por el Institut Català de les Dones (ICD) con motivo de los 10 años de la Ley del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista arroja una media de 10 asesinatos al año. A esta cifra se añade que el 17,6% de las catalanas sufrió violencia machista en 2016 y que más del 64% de las mujeres ha sufrido violencia de género a lo largo de su vida. Sin embargo, el Govern no ha estado a la altura de la gravedad de esta situación.
Desde 2010, las partidas destinadas a las políticas de la mujer se han reducido el 31,5%, denuncia la diputada del PSC Beatriz Silva. Asimismo, la Comisión Nacional para una Intervención Coordinada contra la Violencia Machista, dependiente del ICD, solo se reunió tres veces en 2017. Y aunque se aprobó un plan estratégico, todavía no se ha creado el prometido Pacto Catalán contra la Violencia Machista. El pasado día 14, un año después del último encuentro, la comisión celebró una sesión plenaria presidida por la consejera de Presidencia, Elsa Artadi, para reactivar los trabajos.
Las subvenciones destinadas a ayudar a erradicar este tipo de violencia han descendido desde 2016.
Pensiones alimenticias
Estos datos aparecen en una respuesta parlamentaria en la que la directora del ICD, Núria Balada, explica, a instancia de Silva, los recursos destinados a luchar contra la violencia machista. Admite el Govern que en las Terres de l'Ebre y en el Alt Pirineu no hay un servicio específico y que las partidas destinadas por el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias han pasado de los 9,9 millones a 9,7 millones en 2018. Donde más se ha notado el recorte es en las ayudas por impago de pensiones alimenticias, que entre 2015 y 2018 ha pasado de 599.757 euros a 458.000. Los convenios, que en 2015 ascendían a 8,1 millones, ahora se limitan a 7,9 millones.
A la diputada Silva le llama especialmente la atención el escaso número de mujeres que accedieron a una vivienda de protección pública en 2017, solo 102 en toda Cataluña. El número de mujeres atendidas ha bajado mucho, afirma el ICD: de las 43.648 de 2010 a las 28.181 de 2017. La Generalitat asegura que ese decremento se debe a que hay menos casos de violencia machista, no a los recortes de la red de servicios. Sin embargo, tanto los Servicios para las Mujeres Víctimas (SIAD), como los Servicios de Intervención Especializada (SIE) y los Servicios de Acogida y Recuperación de la Violencia (SARVs) han denunciado en diversas ocasiones la disminución de efectivos personales y económicos.
El caso del Baix Llobregat
Un ejemplo es el SIE del Baix Llobregat, que da cobertura a una población de 806.000 habitantes. En el último trimestre de 2017, un total de 595 mujeres presentaron denuncia por malos tratos. Tal como publicó este medio, los recortes de plantilla y la creciente complejidad de los casos que atienden han colocado a estos profesionales en una situación límite, lo que les ha obligado a convocar paros para denunciar su precariedad.
“Da la sensación de que, frente a un problema de primera magnitud, con manifestaciones y movimientos ciudadanos que han puesto en evidencia que es una preocupación de primer nivel de la ciudadana, la Administración no está siendo capaz de dar una respuesta acorde”, denuncia la diputada del PSC.
Mutilación genital
No obstante, hay avances en el terreno del control de la mutilación genital, asegura la diputada socialista. Está previsto que se realice una propuesta de decreto para combatir estas prácticas. El Grupo de trabajo de Mutilaciones Genitales Femeninas se ha reunido cuatro veces este año.
Por todo ello, el PSC ha presentado una propuesta de resolución en la que se insta al Govern a destinar una dotación presupuestaria adecuada y crear, antes de seis meses, el Pacto Catalán contra la Violencia Machista en Cataluña. Los socialistas proponen una batería de iniciativas en el terreno de la sensibilización y la prevención, la educación, la atención a las víctimas, así como en el ámbito de los medios de comunicación y el empleo.