El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha avanzado este martes el plan de Gobierno que marcará una legislatura en la que reivindica grandes consensos, aunque no con los partidos de la oposición. La hoja de ruta que ha avanzado a cuatro años vista pasa de puntillas por el debate parlamentario.

De hecho, mientras el Consejo Ejecutivo ultimaba los detalles del plan, en la mesa de la Cámara catalana JxCAT y ERC intentaban cerrar un acuerdo para superar el actual bloqueo de la institución. La fórmula que permitirá mantener la mayoría independentista y que los políticos en prisión provisional o huidos por la causa del referéndum que aún no han renunciado al escaño puedan mantenerlo.

Efectos del 155

Torra ha avanzado que intentará centrar el debate de política general de octubre en los efectos de la aplicación del artículo 155 en Cataluña. El comisionado, Pau Villòria, comparecerá en el Parlament para presentar las primeras conclusiones de su informe. Las consejerías se han centrado en el arranque de la legislatura en dar cuenta de sus efectos. “Avanzo que ha provocado que más de 900 millones subvenciones para entidades del tercer sector estuvieran paralizadas”, ha indicado el presidente.

El presidente ha intentado buscar el equilibrio entre la hoja de ruta independentista y el desarrollo de un programa de Gobierno autonómico. Ha asegurado que no renuncian al objetivo final de proclamar la república y que consideran que no se ha cerrado la llamada “etapa de restitución” de las instituciones catalanas porque Carles Puigdemont no es el presidente de la Generalitat. Con todo, abre una “segunda etapa”.

Objetivo republicano

Además de señalar los males del 155, la defensa de los objetivos secesionistas se vehicularán con el nombramiento del responsable de la Oficina de Derechos Civiles y Políticos en el 1-O y la puesta en marcha del Foro Cívico, Social y Constituyente y de la Marcha por los derechos civiles, sociales y nacionales. La movilización que los independentistas persiguen para seguir con el procés.

Torra reivindica el derecho a la autodeterminación, pero también la puesta en marcha de un proceso para que Cataluña obtenga el “voto electrónico, un plan contra el fraude y la corrupción o la ley de la memoria democrática”. Cuestiones que considera indispensables para llegar a la república a la que aspira.

Retomar propuestas de Puigdemont

Defiende que se construirán “valores republicanos” con varias políticas que sintetizarán la hoja de ruta que ha presentado. Retoma en gran medida proyectos que se quedaron a medias en la anterior legislatura. Como el desarrollo del Pacto Nacional por la Industria; la promoción de la T-Mobilitat; el desarrollo de la Renta Garantizada de Ciudadanía o convertir el ICF en el banco público catalán con la obtención de la licencia correspondiente.

También se ha incluido el cambio de rumbo en la sanidad pública catalana de la consejera Alba Vergès. Torra dará carpetazo a la etapa de Toni Comín en el departamento con el desarrollo de una “estrategia nacional atención primaria y salud”. Formará parte de una batería de objetivos que se quieren alcanzar mediante la concertación con los afectados en los próximos cuatro años. La pone en el mismo plano que la reforma horaria o el impulso de un plan transversal de cultura.

Presupuestos con la CUP

El presidente ha reivindicado la escuela catalana, la apertura de nuevas embajadas, la búsqueda de fondos en el mercado internacionales de capital (aunque la deuda catalana está calificada de bono basura)  y que se dará forma a un Pacto Nacional contra la Violencia Machista catalán. Así como el refuerzo del cuerpo de los Mossos d’Esquadra en la lucha del terrorismo internacional.

Se ha mostrado confiado en conseguir cerrar un acuerdo con la CUP y los Comuns para el desarrollo de los próximos presupuestos de la Generalitat, ya que no tiene en mente abrir la negociación con otras formaciones políticas de la Cámara catalana. Sobre las cuentas públicas, adviete que su objetivo no pasa por implementar nuevas tasas. Torra asegura que completará los cuatro años de mandato. Defiende como “excepcional” la legislatura en curso, pero espera completar.