Carmen Calvo cree que la prisión preventiva de los encarcelados por el procés no ayuda a resolver el conflicto político en Cataluña. Es de la opinión que han expresado otros miembros del Gobierno –Josep Borrell y Meritxell Batet– e incluso Felipe González. “Si se retrasara mucho en el tiempo [la sentencia] sería alargar demasiado una situación de prisión preventiva”, ha dicho.
En una entrevista publicada este domingo en La Vanguardia, asegura que “lo lógico” sería que el juez “pudiera decidir que estuvieran en otras condiciones”. Ni el juicio oral ni la resolución del Tribunal Supremo tiene todavía fecha, aunque se habla del año que viene e incluso de después de las elecciones municipales, que están previstas para finales de mayo de 2019.
La distensión en Cataluña
La vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez defiende la posición del Ejecutivo socialista con respecto al conflicto catalán. “Este Gobierno ha hecho un giro de comprensión muy grande; el anterior Gobierno jugaba a que esto no existía, pero existe. Y los partidos independentistas son legales y legítimos”, ha dicho. La estrategia de distensión y diálogo que defiende Sánchez continuará.
“El president Torra hizo su proclama independentista, pero la Generalitat no toma ninguna decisión que no esté en el ámbito estrictamente legal”, afirma. En cuanto a las condiciones que ha puesto ERC para apoyar los presupuestos del PSOE –que la Fiscalía elimine la acusación de rebelión contra los políticos presos–, cree que “es difícil de entender que se mezclen los presupuestos, que atienden a las necesidades de los catalanes, con algo que nada tiene que ver”.
Sin elecciones anticipadas
Calvo descarta adelantar las elecciones: “No tenemos ninguna prisa”. Su objetivo en el Gobierno es “aprovechar el máximo tiempo posible para hacer todo lo que tenemos que hacer”. Incluso no poder aprobar los presupuestos no será un motivo para convocar comicios anticipados, asegura. En este sentido, no descarta nada: ni prorrogar las cuentas de 2018, ni cambiar la propuesta socialista.
La vicepresidenta y ministra de Igualdad también se ha referido a las dimisiones que se han producido en los primeros 100 días de Gobierno de Pedro Sánchez –los ministros Màxim Huerta y Carmen Montón, y la directora general Concepción Pascual–. No lo considera un problema de coordinación sino una “exigencia ética del Gobierno que se sustancia por asuntos que nada tienen que ver con la gestión”.
La única “rectificación” que se ha producido por el momento, indica, es el contrato sobre la venta de armas con Arabia Saudí. En este caso, apunta Calvo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, “pensó que no iba a tener las colaterales que tenía” y el presidente rectificó; “no hubo más trastienda”.