El Congreso aprueba la moción de Cs para suprimir aforamientos con el apoyo del PP y PSOE

El Congreso ha aprobado hoy una moción de Ciudadanos para promover una reforma exprés de la Constitución con el objetivo de suprimir los aforamientos de los diputados, los senadores y los miembros del Gobierno.

El texto ha recibido el apoyo del PP, del PSOE, de Compromís y de Nueva Canarias, mientras que Unidos Podemos, PNV, ERC, PDeCAT, Foro Asturias, Unión del Pueblo Navarro, Bildu y Coalición Canaria se han abstenido.

Falta de consenso

La moción ha salido adelante tres días antes de que el Consejo de Ministros apruebe un anteproyecto de ley de reforma constitucional para acabar parcialmente con esa prerrogativa (se mantendrán para el ejercicio estricto de sus funciones durante la duración del cargo).

Sin embargo, el debate en el Congreso ha reflejado la falta de consenso sobre el alcance que debe tener la medida.

Sánchez dio el primer paso

La iniciativa insta al Gobierno cambiar la Constitución en tres meses para suprimir los aforamientos de diputados, senadores y miembros del Gobierno, y a los oarlamentos autonómicos a modificar sus respectivos Estatutos para desaforar también a sus parlamentarios, como ya han empezado a hacer en Murcia, Canarias y Cantabria.

El texto de Ciudadanos es consecuencia de la interpelación sobre medidas anticorrupción que el partido naranja dirigió la semana pasada a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, días antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara este lunes que tenía intención de impulsar una reforma exprés de la Constitución en este sentido y su deseo de que esté tramitada en 60 días.

Rivera carga contra el Gobierno

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que ha defendido la moción, ha confesado que por un momento se creyó que el Gobierno había asumido esta demanda social, pero que, a las pocas horas descubrió que era "un fraude" puesto que sólo persigue desaforar a los cargos públicos para asuntos no relacionados con el ejercicio de sus funciones.

A su juicio, es "una broma" dejar fuera de la supresión de aforamientos los delitos relacionados con la corrupción. Por eso, ha pedido a los socialistas que "no defrauden a los españoles".

Críticas de PP y PSOE

El PP y el PSOE han votado a favor, pese a que Cs ha rechazado sus enmiendas, que pedían incluir la solicitud de informes a los órganos colegiados competentes --en el caso del PP-- y que remitía al anteproyecto de ley del Gobierno --en el del PSOE--, con lo que la moción ha sido aprobada por 253 votos a favor y 87 abstenciones.

Tanto el PP como el PSOE han hecho hincapié, durante el debate, en que el aforamiento no es un privilegio, sino una prerrogativa, y en que la iniciativa de Cs es "populista" y "demagógica".

Los matices del PNV y el PDeCAT

El PNV y el PDeCAT han decidido abstenerse después de que Cs se negara a aceptar sus enmiendas. La del PNV pretendía eliminar no solo los aforamientos políticos, sino también los judiciales, institucionales y de miembros de los cuerpos de seguridad y la inviolabilidad del Rey.

La del PDeCAT precisaba que la eliminación de los aforamientos se ciñera exclusivamente al ejercicio estricto de las funciones del cargo y durante el periodo que dure su mandato, y eliminaba el punto que insta a los parlamentos autonómicos a reformar sus estatutos para aplicar la medida a los diputados y miembros de gobiernos autonómicos. En todo caso, la moción se ha aprobado sin ningún voto en contra.

Los aforados en la UE

El aforamiento varía entre los diferente países de la Unión Europea. Todos los miembros de gobiernos y parlamentos gozan de algún grado de aforamiento ante los tribunales, y en algunos de ellos esa protección se refiere exclusivamente a asuntos relacionados con su actividad política y legislativa. Así, mientras en España los aforamientos de tipo político afectan a cerca de 2.000 cargos públicos, en el resto de países de la UE los aforados son muchos menos.

En Francia, por ejemplo, sólo los miembros del Gobierno tienen un estatus judicial específico y exclusivamente aplicable a las actividades realizadas en el ejercicio de su labor, no en el ámbito privado. Desde 1993, esos presuntos delitos son juzgados por la Corte de Justicia de la República, formada por tres magistrados del Tribunal Supremo y doce parlamentarios. Situaciones similares se producen en Holanda, Grecia o Austria, pero otros países como Alemania o Reino Unido otorgan a sus parlamentarios un alto grado de inmunidad, aunque una vez levantada el acusado puede ser juzgado en cualquier instancia local o provincial, y no necesariamente en tribunales superiores.