La Generalitat no adoptó ninguna medida para evitar que el “Gobierno en el exilio”, liderado por Carles Puigdemont, utilizara el logo oficial de la Generalitat en su web y redes sociales. Así lo reconoce en una respuesta parlamentaria tan ambigua que el diputado de Ciudadanos Dimas Gragera pidió amparo a la Mesa del Parlament. El Órgano de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública de la Cámara catalana considera que el Govern debe confirmar si dispone o no de los expedientes solicitados por el parlamentario.

El diputado formuló esta pregunta después de constatar que el “Govern de la República” utilizaba los símbolos oficiales de la Generalitat en su página web y en sus redes sociales, a pesar de que la usurpación del grafismo institucional está prohibida por las propias normas de la Administración autonómica. De esta forma, se solemnizaba el “Gobierno en el exilio” de Carles Puigdemont de forma virtual. Algunas de esas páginas fueron cerradas por orden judicial.

El uso de estos logos incumple los acuerdos del propio Govern aprobados el 10 de noviembre de 2009, posteriormente ampliados a todas las empresas del sector público el 4 de octubre de 2011, referentes a la identidad visual corporativa y racionalización de la identidad corporativa de la Generalitat. Estos acuerdos se basan en el Programa de Identificación Visual, que regula el uso de los logotipos institucionales.

Por ello, Gragera solicitó, en abril de este año, copia íntegra del expediente de autorización de uso de esos signos o, en su defecto, de las acciones emprendidas por uso no autorizado contra las personas responsables de esa usurpación.

Dos meses después, el vicepresidente y consejero de Economía, Pere Aragonès, informaba de que, en efecto, la marca “Generalitat de Catalunya” está registrada por el Departamento de la Presidencia ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y que el Govern había llevado a cabo “funciones de vigilancia de la marca” para evitar cualquier solicitud de registro “por parte de terceros de otras marcas que totalmente o parcialmente coincidan con la marca registrada y puedan generar un perjuicio a la Generalitat y confusión a la ciudadanía”. Pero, según el vicepresidente del Govern, “hasta hoy no ha sido este el caso y, por tanto, no existe ningún expediente de oposición en el registro del OEPM”.

"Echan balones fuera en un asunto muy serio"

A juicio de Gragera, la respuesta era ambigua y se limitaba a hablar genéricamente sobre la titularidad de los logos oficiales. Por ello, solicitó petición de amparo ante la Mesa del Parlament. El Órgano de Garantía considera, en un informe al que ha tenido acceso Crónica Global, que no existen los expedientes y que, por tanto, “el derecho de acceso no puede ser protegido”. No obstante, indica que “para la mejor protección y garantía” de ese derecho de los diputados, “se recomienda a la Mesa que antes de resolver el amparo en este punto concreto, requiera a la Administración que confirme o no la existencia de estos expedientes”.

Dimas Gragera critica en declaraciones a este medio que el Govern “eche balones fuera sobre un caso serio, pues cualquier personas particular que usara indebidamente los símbolos del Govern sería denunciada”. A juicio del diputado de la formación naranja “está claro que la Generalitat usa los símbolos públicos como le da la gana”.

Se trata de la tercera vez que el Parlament evidencia la falta de transparencia del Govern. En los tres casos, la Cámara reconoce el derecho de diputados de Ciudadanos a acceder a la información de la Generalitat para cumplir con su función de control. El Órgano de Garantía del Derecho de Acceso a la Información del Parlament avaló en julio el derecho de amparo presentado por la diputada de Ciudadanos Susana Beltrán, a quien la Consejería de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia le negó datos sobre los pagos efectuados al lobby SGR LLC Government Relations and Lobbying, investigado por el Rusiagate, contratado para internacionalizar el procés. Asimismo, este órgano reprochó a la Consejería de Enseñanza de la Generalitat que se negara a facilitar las horas de castellano que se imparten en cada centro escolar a la diputada de Ciudadanos Sonia Sierra.