El Parlament, a través de su Órgano de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública, ha reprochado a la Consejería de Enseñanza de la Generalitat que se niegue a facilitar las horas de castellano que se imparten en cada centro escolar a la diputada de Ciudadanos, Sonia Sierra. En un escrito, al que ha tenido acceso Crónica Global, este departamento “debe disponer de los proyectos lingüísticos” y “entregarlos a la diputada”. O, cuando menos, “facilitarle su acceso de forma ágil sin que eso comporte trasladar a la diputada una carta adicional”.
Tal y como informó este diario, la diputada de Cs formuló en abril una pregunta parlamentaria por escrito al Govern sobre la relación de las medidas adoptadas por el departamento de Enseñanza --cuyo titular es Josep Bargalló (ERC)--, así como copia de los actos administrativos, para garantizar “de manera proactiva” una oferta educativa que asegure una enseñanza en castellano como lengua vehicular “en proporción razonable y con una presencia mínima de la misma en un 25% de las horas efectivamente lectivas”. Este es el porcentaje fijado por las sentencias judiciales que los diferentes gobierno catalanes se niegan a cumplir, según la formación naranja.
La respuesta, redactada por el Órgano de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública
La respuesta, redactada por el Órgano de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública
Cs reclamó copia de los proyectos lingüísticos de cada uno de los centros públicos y privados de cada demarcación educativa, pero la Consejería de Educación aseguró que no disponía de esos datos, por lo que invitó al grupo de la oposición a que consultara las webs de cada centro escolar.
A pesar de tratarse de una tarea ingente, Cs llevó a cabo ese análisis, pero comprobó que la mayoría de portales no proporcionaban esos datos. Ante lo que califica de “tomadura de pelo”, Ciudadanos presentó una petición de amparo a la Mesa del Parlament, al entender que se han vulnerado sus derechos como diputados. La respuesta, redactada por el Órgano de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública, da la razón a Cs.
Garantizar la legalidad
Aseguran que la administración educativa “es la responsable de custodiar los proyectos educativos y, por lo tanto, de tener acceso a todos los proyectos lingüísticos de todos los centros, sean públicos o sean privados sostenidos con fondos públicos, no solamente para garantizar la legalidad en la fase de su elaboración, sino también para hacer una comprobación y verificación de que los mismos, una vez aprobados, se ajustan al ordenamiento jurídico para, eventualmente, requerir la modificación”.
Por tanto “es el departamento en tanto que dispone o debe disponer de los citados proyectos lingüísticos, debe poderlos entregar a la diputada que los solicita o bien facilitar su acceso de una forma ágil sin que eso comporte trasladar a la diputada una carga adicional en la búsqueda de la información solicitada”.
Lo que dice la Ley
Este órgano de garantías basa su argumentación en el artículo 14 de la Ley de Educación, según el cual todos los centros públicos y privados tienen la obligación de elaborar un proyecto lingüístico. En este sentido, corresponde al consejo escolar la aprobación del proyecto educativo de cada centro público, mientras que el director de la escuela, siempre según la citada ley, debe “poner el proyecto educativo a disposición de la administración educativa, que requerirá su modificación en caso de que no se ajuste al ordenamiento”.
“Lo mismo pasa con los centros privados sostenidos con fondos públicos”, concluye.