La crisis de los lazos amarillos y la persistencia de la simbología independentista en el espacio público catalán será materia de debate en el próximo encuentro bilateral entre los responsables del Interior estatales y los catalanes. Así lo ha asegurado el ministro Fernando Grande-Marlaska en una carta al conseller Miquel Buch. El escrito insiste en la necesidad de hablar del orden público de Cataluña en la próxima Junta de Seguridad.

Afirma que esta es una de las competencias exclusivas del Estado, cuestión que se puso en duda desde la Generalitat. Fue el propio Buch el que manifestó en otro escruto que no era necesario abordar la polémica en el encuentro bilateral. Aseguró que el orden público y la convivencia “son competencias exclusivas de la Generalitat” y que eran los Mossos d’Esquadra los que ejercen la “función de autoridad gubernativa de acuerdo con la normativa vigente”.

Los Mossos, el foco de la polémica

Con todo, el papel de la policía catalana se ha puesto en cuestión en la gestión de los conflictos que se generan entre los que ponen y los que quitan lazos amarillos y otros símbolos independentistas en las calles. El departamento de Buch aseguró que los que retiran los elementos secesionistas cometían un delito tipificado como grave de la Ley de Seguridad Ciudadana, penado con hasta 30.000 euros de multa. Les acusa de ir en contra de la libertad de expresión y de dañar el mobiliario público.

Ha divulgado, asimismo, las identificaciones que han realizado los agentes catalanes de grupos que se habían organizado para quitar los símbolos. Cuestión que ha derivado en una investigación de la Fiscalía sobre la oportunidad de estas actuaciones y que ha provocado otro incendio entre los independentistas. Han cargado contra el Ministerio Público, al que consideran imparcial.

Choque por los lazos

Todo ello, con el telón de fondo de los choques que ha habido entre secesionistas y constitucionalistas en las calles. Una tensión que ha llegado a las manos en algunas localidades y que ha motivado denuncias cruzadas, como las que han anunciado los dos implicados en la pelea en el parque de la Ciutadella de Barcelona este fin de semana.

Algunas voces de los Mossos d’Esquadra ya han pedido que les dejen al margen sobre pugnas que consideran que son partidistas. Exigen que no se ponga el cuerpo de seguridad catalán en medio del debate político.

Argumentos constitucionales

Marlaska aún no ha puesto fecha a esta Junta de Seguridad que deberá abordar los símbolos. Mantendrá el primer punto del orden del día, el “análisis general de la seguridad pública en Cataluña: Convivencia en el espacio público".

El ministro explica en su carta que el “espíritu de cooperación institucional" y el "respeto recíproco que integra nuestra forma de entender el servicio público" deben marcar el análisis sobre la polémica que se ha generado sobre la simbología. Además de detallar una serie de preceptos para recordar a Buch que las citadas competencias son del Estado y no de las autonomías.

Entre otros, alude al artículo 149.1.29 de la Constitución. El que dice que el Estado tiene competencia exclusiva en "seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación por las comunidades autónomas en la forma que establezca en los respectivos estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica". También recurre a la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para apuntalar sus argumentos.

Fijar una fecha

El análisis sobre la seguridad y la convivencia en el espacio público catalán también incluye abordar el “Índice de Criminalidad. Apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en circunstancias extraordinarias y Certificación de efectivos".

El ministro queda pendiente "exclusivamente" de que se fije la fecha dentro de las que se propusieron y agradece al conseller las "facilidades" para que se pueda llegar a un acuerdo.