La Consejería de Interior de la Generalitat considera que gritar “¡Viva España!” vulnera la neutralidad política exigible al cuerpo de Mossos. En cambio, no ve cuestionable ni sancionable que los agentes distribuyan sus propias fotos votando en el referéndum del 1-O.
Esta doble vara de medir queda reflejada en la documentación a la que ha tenido acceso Crónica Global y que consta en el expediente sancionador de Imma Alcolea, una cabo de la policía autonómica destinada en Girona que asegura estar viviendo “un auténtico infierno” tras ser expedientada por insultar al expresidente Carles Puigdemont en las redes sociales. Ella niega ser la autora.
Su historia se remonta al 6 de enero de 2017, cuando vio publicada la foto de su hijo menor de edad en el Diari de Girona con la noticia de que la agente había escrito “Puigdemont, capullo” en su página de Facebook. La Dirección General de la Policía de la Generalitat le abrió un expediente, aunque ella alega que fue su madre la que profirió los insultos utilizando su ordenador y su contraseña en la red social.
“Nueve meses después de que se abriera el expediente, éste caduca y lo vuelven a incoar alegando el incidente del '¡Viva España!'. Concluyen que no tengo neutralidad política ni imparcialidad en mis futuras actuaciones policiales así que me destinan a la cárcel Puig de les Basses, en Girona, fuera del contacto con ciudadanos y con mossos en comisarías. Te aseguro que nunca dije yo que había insultado a Puigdemont porque básicamente no lo he hecho. Te aseguro que se han cebado. Y siguen sin dejarme en paz. La semana pasada volvieron a presentarse en mi domicilio. A veces de paisano y otras veces con uniforme. Les da igual. También te llaman con número oculto... estoy destrozada”, explica la cabo de los Mossos.
La justicia le dio la razón
Alcolea llevaba 21 años en el cuerpo cuando fue suspendida de empleo y sueldo durante dos meses. La Ley de la Policía de la Generalitat establece que los expedientes no pueden tener una duración superior a los seis meses. Transcurrido este tiempo, la Generalitat volvió a abrir el caso. Y adoptó nuevas medidas disciplinarias, consistentes en trasladarla a Arenys de Mar (Barcelona), "municipio situado a 140 kilómetros de mi casa", denuncia Alcolea, quien acudió a la justicia. El 9 de mayo de 2018, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Barcelona le dio la razón y resolvió que ese traslado no estaba justificado. Todavía hubo un tercer expediente que se saldó con un nuevo destino, en este caso la cárcel Puig de les Basses.
La Generalitat presentó recurso y es en ese escrito donde se pone en cuestión la neutralidad política de la agente, en referencia a hechos ocurridos el 21 de junio de 2017. "Yo estaba harta de todo lo que me estaba pasando y vi pasar a una patrulla de los Mossos. Entonces grité '¡Viva España!'. Me identificaron, llamaron a sus superiores. Pero no es cierto que yo me identificara como la mossa que insultó a Puigdemont", afirma Inma Alcolea, En aquel momento estaba fuera de servicio.
Según el escrito presentado en el juzgado por la Consejería de Interior, al que ha tenido acceso este diario, la conducta de la cabo "no era constitutiva de infracción disciplinaria y ni agravaba el expediente en marcha", pero sí justificaba el traslado de la agente.
Connotaciones políticas
En este sentido, indica el departamento que la actitud de Alcolea “compromete su neutralidad política” pues “hace dudar de cuál podría ser su actuación policial ante una causa que tuviera connotaciones políticas, ni cuál sería la postura que adoptaría la actora ante cualquier actuación policial que pueda tener carácter político”.
Escrito presentado en el juzgado por la Consejería de Interior
Escrito presentado en el juzgado por la Consejería de Interior
Por el contrario, la misma dirección general que cuestionó la neutralidad política de esta mossa no ve problemas en que otros agentes de la Policía Autonómica hagan ostentación de su independentismo y que fueran a votar en el referéndum del 1-O.
En respuesta a la denuncia presentada por la propia Alcolea respecto al acoso que asegura sufrir en las redes sociales por parte de compañeros del cuerpo que no esconden su independentismo, el director general de la Policía, Andreu Joan Martínez, considera que no quedan probadas esas coacciones, a pesar de las fotos y datos que la afectada aporta. Entre ellas aparecen agentes votando el pasado 1 de octubre. “En relación a la interpretación de las imágenes personales que habéis facilitado, algunos juzgados interpretan que haber votado el pasado 1 de octubre no es ninguna actividad delictiva”, afirma el alto cargo del departamento en un escrito fechado el 31 de julio.
Respuesta a la denuncia presentada por Inmaculada Alcolea
Respuesta a la denuncia presentada por Inmaculada Alcolea
"Fascista", "serpiente venenosa"
“Una vez realizadas las comprobaciones oportunas y contrapuesta la información relativa a los hecho sobjeto de su queja, os de decir que no se observan irregularidades en las acciones de la persona que denuncia y de las cuales se puedan deducir posibles responsabilidades disciplinarias o penales”.
Entre las frases vejatorias que Alcolea ha puesto en conocimiento de Interior figura “esperamos que esta fascista se vaya a servir a los criminales del CNP!!! Cuánto odio y toxicidad de esta mujer”. Los agentes, según la denunciante, también se refieren a los líderes políticos Miquel Iceta e Inés Arrimadas como “serpiente venenosa” y “deja las drogas, chica”, respectivamente.
Alcolea ha recaudado más de 15.000 euros a través de una plataforma de micromecenazgo con el objetivo de presentar una querella contra los portavoces de la plataforma Mossos per la Independència, Albert Donaire y Enric Alsina.