Mientras el independentismo coloca lazos amarillos en la vía pública, el activismo constitucionalista los retira. Esta pugna social, consecuencia del procés secesionista, será dirimida en los tribunales. La identificación, por parte de los Mossos d’Esquadra, de varias personas que, el pasado fin de semana, retiraron lazos amarillos en la provincia de Tarragona, ha tenido como respuesta acciones judiciales por parte de entidades que defienden la unidad de España. Lejos de calmar los ánimos, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha aprovechado la polémica para echar más leña al fuego y calificar de “escalada de violencia” la acción de esos grupos antilazos.

Hace meses que la colocación en la vía pública de lazos amarillos hizo fortuna como expresión de las protestas por el encarcelamiento de los dirigentes independentistas responsables del referéndum del 1-O. El amarillo ha invadido plazas, calles y playas, e incluso edificios públicos. La actuación de los Comités de Defensa de la República (CDR) permitió que este método de agitprop secesionista se hiciera extensivo a otros países. Y aunque las ordenanzas municipales y la Ley de Seguridad Ciudadana --conocida como la ley mordaza-- castiga el daño a los bienes muebles o inmuebles en la vía pública, lo cierto es que se desconocen la existencia de actas levantadas por pintadas y colocación de plásticos amarillos.

Multas de hasta 30.000 euros

Sí ha trascendido, con todo lujo de detalles, la intervención que los Mossos llevó a cabo el pasado fin de semana en Tarragona, donde catorce personas fueron identificadas por quitar lazos, así como de las multas susceptibles de aplicar: entre 601 y 30.000 euros.

“Hubo voluntad de escarmiento”, asegura Impulso Ciudadanos en una denuncia presentada en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el consejero de Interior, Miquel Buch; el director de la Policía Autonómica, Andreu Martínez, y el comisario jefe de los Mossos, Miquel Esquius. Esta asociación ve en la actuación del Govern una “criminalización del constitucionalismo” y advierte de la filtración de datos personales, como el del guardia civil que formaban parte del grupo de personas identificadas.

Plan Operativo Específico

El pasado 2 de agosto, los mandos policiales informaban de la puesta en marcha de un Plan Operativo Específico para garantizar el derecho a la libertad ideológica. Doce días después, la consejería informaba de la identificación de catorce personas en aplicación de la ley mordaza en Móra la Nova, Tivissa y Vandellós por “daños en el dominio público”.

Esta semana, la Asociación por la Tolerancia hacía un llamamiento a las personas que retiran lazos amarillos de los espacios públicos, a "autoinculparse" ante los Mossos d'Esquadra el próximo 6 de septiembre.

La polémica obligó a la fiscal general del Estado, Maria José Segarra, a pronunciarse y asegurar que poner o quitar lazos amarillos no es delito. Un intento de contemporizar que no ha tenido éxito, ya que 24 horas después, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, enviaba una carta al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que ponía de manifiesto la urgencia necesidad de “poner fin a la escalada de violencia en Cataluña por parte de grupos violentos, así como depurar responsabilidades”. Torra alude en la misiva a “grupos armados y organizados que recorren en territorio catalán” con "la participación" de un agente de la Guardia Civil. 

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, aseguró ayer que los Mossos "no pueden ser el brazo uniformado del independentismo", mientras que Ciudadanos ha anunciado que sus cargos públicos participarán en la retirada de lazos.

Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE y portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, en la línea de lo manifestado por la fiscal general, aseguraba que "no se puede perseguir policialmente" a quienes ponen lazos amarillos ni a quienes los quitan porque considera que, en ambos casos, "es libertad de expresión".