Fue el debate del pasado año tras el atentado yihadista de Barcelona en agosto. El ayuntamiento (BComú) negó su utilidad, primero, y los colocó a regañadientes, después. El ejecutivo local de la Ciudad Condal, que comanda Ada Colau, ha instalado menos de cien bolardos de seguridad ciudadana un año después del brutal ataque por atropello en Las Ramblas.
Al calor de la embestida con furgoneta de Younes Abouyaaqoub en el icónico bulevar el 17 de agosto de 2017, que se saldó con 15 víctimas mortales y más de 130 heridos, el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, defendió que Las Ramblas no contaban con obstáculos para vehículos porque "las medidas de seguridad antiterrorista las determinan los responsables de Interior". El ayuntamiento, agregó, "colabora y las aplica", también en el caso de las barreras callejeras contra los ataques por atropello. En otras palabras, Pisarello pasó la pelota a la Generalitat de Cataluña y al Ministerio del Interior.
Ignoró la advertencia y negó su colocación
La torpeza del ayuntamiento no acabó ahí. Pisarello soslayó que el 20 de diciembre de 2016 la Comisaría General de Seguridad Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) remitió un escrito con recomendaciones a las jefaturas de policía, a las policías autonómicas y a las municipales para que colocaran "maceteros o bolardos" en áreas concurridas tras el atentado por atropello con camión en Niza (Francia). La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se vio obligada a dar explicaciones cuando se le preguntó por esta circular avanzada por El Mundo. "Se revisaron los protocolos" en puntos estratégicos de la ciudad y se "tomaron medidas especiales durante grandes eventos", defendió la primera edil. Abundó que en los puntos sensibles con grandes masas de gente "había presencia policial reforzada", una medida tomada en la Junta Local de Seguridad.
No contenta con haber ignorado o hecho caso omiso de la orden de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana con fecha de 20 de diciembre de 2016 --que no era de obligado cumplimiento pero sí conminaba a las policías a "defenderla" en las juntas de seguridad--, Colau rechazó que Barcelona se dispusiera a colocar bolardos o barreras en sus calles. "Ello supondría que los terroristas han conseguido su objetivo. Y la ciudad quiere seguir en libertad", argumentó la primera edil. A renglón seguido, la también líder de Barcelona en Comú avanzó que las fuerzas de seguridad valoran de "forma periódica" si es pertinente instalar pilones u otras medidas de seguridad en determinadas zonas de la ciudad para minimizar el riesgo de ataque terrorista.
Las explicaciones de Colau no convencieron, por ejemplo, al ministro del Interior italiano, Marco Minniti, que se mostró "asombrado" al conocer que "Las Ramblas no estuvieran protegidas".
Los coloca a regañadientes
El criterio municipal cambió en diciembre. Aquel mes, el gobierno municipal de Barcelona en Comú decidió colocar los primeros obstáculos en Las Ramblas de Barcelona, el escenario donde el terrorista Younes había embestido hasta acabar con la vida de 15 personas cuatro meses atrás. Instaló pilones en la parte superior del paseo, un punto cercano al que entró la furgoneta conducida por el terrorista entró para comenzar su carrera mortal. La orden seguía a las recomendaciones que adoptó una junta local de seguridad ad hoc celebrada en noviembre del mismo año.
ejemplo bolardos
Pilones, bolardos y obstáculos en distintas calles / CG
La misma batería de medidas contemplaba peatonalizar el entorno de la Sagrada Familia, un monumento que los terroristas de Barcelona y Cambrils habían tenido en el punto de mira, además de colocar bolardos, maceteros y arbolado en las zonas céntricas de la ciudad de forma progresiva.
Barcelona, a años luz del resto de ciudades
Doce meses después del atentado del 17 de agosto en Barcelona, el gobierno municipal de los comunes sí ha instalado obstáculos de protección en Las Ramblas, Sagrada Familia, Portal del Ángel o ante la Casa Batlló. Los puntos más concurridos de la ciudad cuentan también con presencia policial continua de los Mossos d'Esquadra, que cuentan con armas largas para repeler posibles ataques terroristas. Los efectivos llegan incluso a patrullar los andenes del Metro para disuadir a posibles terroristas y bloquean con sus coches patrullas algunas de estas vías.
Este despliegue, que Colau siempre ha atribuido a la Junta Local de Seguridad, queda a años luz del que muestran otras urbes globales. El ejemplo más claro es Niza (Francia), primera ciudad que colocó pilones y cadenas de metal en el paseo Marítimo, donde ocurrió el atentado mortal con camión en 2016. En Alemania, los gobiernos de los länder han protegido los famosos mercados navideños con barreras tras el ataque del 19 de diciembre del mismo año en Berlín. En Reino Unido, el Gobierno colocó obstáculos en ocho de los puentes que cruzan el río Támesis tras la embestida terrorista con un coche el 3 de junio de 2017. Barreras de colores también fueron colocadas en ciudades como Sidney o Melbourne (Australia), que no han sufrido este tipo de ataques, antes incluso de la tragedia de Barcelona. En enero de este año trascendió que el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, gastaría 50 millones de dólares (44 millones de euros) en colocar 1.500 obstáculos en toda la urbe para evitar ataques terroristas por atropello. En España, el ejemplo más reciente de protección pasiva para transeúntes es la Feria de Málaga. El Cuerpo Nacional de Policía (CNP) ha colocado bloques de hormigón en las entradas de los dos recintos feriales para evitar la entrada de vehículos.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, sigue defendiendo que "la seguridad al 100% no existe", un lema que repite una y otra vez desde el atropello mortal múltiple de 2017. Se escuda también en que "no es una decisión suya sino de la Junta Local de Seguridad". Este organismo colegiado lo componen el Ayuntamiento de Barcelona --incluyendo a la Guardia Urbana, Bomberos y las áreas de Urbanismo, Movilidad, Distritos y Turismo--, los Mossos d'Esquadra, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil.