VOX ha presentado una segunda querella criminal contra Joaquim Forn, exconsejero catalán de Interior, y la cúpula de los Mossos d’Esquadra por “hacer caso omiso a los avisos de posibles atentados” en Cataluña y su actuación en la explosión de Alcanar, relacionada con el ataque terrorista del 17A.

Los miembros del cuerpo de policía autonómico contra los que se querella el partido político son Pere Soler, director de Mossos; Josep Lluís Trapero, en aquel momento, mayor; Ferran López, jefe de la Comisaría Superior Territorial; Joan Carles Molinero, jefe de la Comisaría de Coordinación Central; Emilio Quevedo, jefe de la Comisaría de Planificación de la Seguridad, y Manel Castellví, jefe de la Comisaría de Información.

Primera querella ante el TSJC

Esta segunda vía judicial abierta se ha presentado en un juzgado de guardia de Barcelona, a diferencia de la primera querella que el partido presentó contra el exconseller y los líderes del cuerpo autonómico, que se presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Sin embargo, el alto tribunal consideró recientemente que los hechos debían ser tramitados en un juzgado de instrucción. Esta decisión está basada en el hecho de que Forn ya no cuenta con un cargo político que haga que esta querella deba ser tramitada por el tribunal superior, al haber sido cesado como consejero y al haber renunciado a ser diputado del Parlamento catalán.

Documentación presentada

La documentación presentada junto a la querella hace mención a un informe de la CIA que alertaba del riesgo de atentado en Barcelona y que los querellados “conocían”, tal como asegura VOX, así como el informe del Ministerio del Interior que alertaba del riesgo de atentado por atropellamiento. En él hacían recomendaciones para evitarlos como el uso de bolardos y grandes maceteros en sitios de gran afluencia de personas. Asimismo, la querella presenta informaciones “publicadas por diversos medios de comunicación” sobre la gestión de la explosión de Alcanar por parte de los Mossos y sus supuestos impedimentos para evitar la participación de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.

El partido alega presuntos delitos de abandono de un servicio público, desobediencia y denegación de auxilio y prevaricación por omisión.