Ciudadanos ha presentado una denuncia contra el presidente del Parlament, Roger Torrent, y los miembros de la Mesa de la Cámara catalana que dieron luz verde a la tramitación y posterior votación de una moción de la CUP en la que se reconoce la vigencia de la resolución independentista del 9 de noviembre de 2015. Esta moción fue aprobada con los votos de Junts per Catalunya y ERC, y la abstención de los comunes. PSC, Ciudadanos y PP no votaron en señal de protesta.
La formación naranja ya anunció que acudiría a los tribunales cuando, el pasado 5 de julio, la moción fue aprobada. Hoy, el portavoz de Cs, Carlos Carrizosa, ha confirmado la tramitación de la denuncia, que ha sido presentada ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Está dirigida contra Torrent (ERC), Josep Costa (vicepresidente primero y miembro de JxCAT), Eusebi Campdepadrós ( (Secretario primero de JxCAT) y Adriana Delgado (Secretaria cuarta y diputada de ERC).
"Contumaz actuar prevaricador"
En la denuncia se acusa a los miembros independentistas de la Mesa del Parlament de las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC) en la que se les recordaba "el deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que pudiera suponer la alteración unilateral del marco constitucional o un incumplimiento" de las instrucciones del Alto Tribunal.
"La conducta de los denunciados no constituye tan solo un ilícito constitucional susceptible de ser subsanado por la utilización de los oportunos recursos ante el TC, como en anteriores ocasiones, sino que incurre en un contumaz actuar manifiestamente prevaricador, al pretender, no solo soslayar aquellos pronunciamientos del TC subsanadores de anteriores ilegalidades, sino desconectar absolutamente la actividad parlamentaria del Parlment del ordenamiento constitucional español, haciendo suya la popular sentencia: ladran, señal de que cabalgamos, de autor discutido, pero de indiscutible aplicación al caso".
Añade el texto cursado ante la Fiscalía que "todos los denunciados eran conscientes y sabedores de que las resoluciones que adoptaron, admitiendo a trámite la referida moción, desestimando las reconsideraciones planteadas por diversos grupos parlamentarios y eludiendo una nueva calificación y administración a trámite sobre el texto definitivo, fruto de las enmiendas transaccionales entre dos grupos parlamentarios y el subgrupo parlamentario proponente, eran manifiestamente injustas por contravenir de plano los requerimientos dados por el TC a sus predecesores en el cargo. Y tal conocimiento lo tenían, no tan solo por la publicidad y notoriedad que alcanzaron tales advertencias y requerimientos, máxime cuando atañían directamente al desempeño de sus funciones, sino por el conocimiento directo que tuvieron de los mismos".