El independentismo tiene un poder enorme en las redes sociales. Y lo utiliza. De forma sorpresiva, o no tanto, el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, distribuyó el martes pasado en su cuenta de Twitter una noticia del 29 de noviembre de 2017. La tomaba de Eldiario.es, y en ella se daba cuenta de la sentencia del Tribunal Constitucional que avaló la reforma exprés del reglamento del Parlament. Utilizando ese nuevo reglamento la mayoría independentista de Junts pel Sí y la CUP aprobó en el pleno de los días 6 y 7 de septiembre la ley del referéndum del 1 de octubre y la ley de transitoriedad. Sin ningún comentario, Boye se limitaba a enviar ese tuit, con el enlace de la noticia referida.

La parroquia independentista se hace eco, y critica con dureza a todo el constitucionalismo, con palabras subidas de tono en contra del exdiputado de ICV Joan Coscubiela y contra el primer secretario del PSC, Miquel Iceta. El exdiputado Germà Bel, que tiene en su cuenta como tuit fijado la noticia, redistribuye el tuit, y también el diputado de ERC Gabriel Rufián; como el profesor Salvador Cardús o el cómico Toni Albà. La fiesta independentista comienza y consigue su objetivo en menos de 48 horas.

Y no es algo secundario. Los principales agitadores del independentismo tienen miles de seguidores en Twitter. Rufián, por ejemplo, dispone de medio millón de seguidores, que redistribuyen sus comentarios. Es una característica que han destacado diferentes profesores, como Pau Luque, señalando que es una característica peculiar del independentismo catalán en comparación con otros líderes de opinión de otros países, que difícilmente pasan de los 50.000 o 60.000 seguidores.

Sin aval a las leyes

La bronca en las redes está servida. El argumento es que hay personas en la cárcel por un motivo inexistente, porque el TC avaló lo que ocurrió esos días. Esa es la posición. Se hace referencia a Carme Forcadell, la presidenta en aquel momento del Parlament. Cuadros medios de los partidos independentistas, alcaldes, responsables de comunicación, todos entran en la senda abierta por Boye y Bel. Y provocan que el propio periodista que firmó la noticia, Arturo Puente, se muestre perplejo y se explique también a través de Twitter. Puente explica la verdad. La sentencia del Constitucional avala, efectivamente, la reforma del reglamento del Parlament, que permite aprobar leyes en vía de urgencia, como pasa en otras cámaras, incluido el mismo Congreso de los Diputados. Pero eso no es un aval a la actuación de los días 6 y 7 de septiembre, como se dice en los tuits. Para muestra, el botón que Rufián le dedica a Coscubiela.

Sin embargo, la mayoría independentista, como subraya Puente, no utiliza esa reforma del artículo 135 del Parlament, que estaba suspendida, sino que se acoge al artículo 81.3, que permite cambiar el orden del día, en el mismo pleno, para aprobar la ley del referéndum y la ley de transitoriedad jurídica, ante el rechazo no sólo de los diputados de la oposición, que no tienen apenas tiempo –dos horas-- para presentar enmiendas, sino de todos los letrados del Parlament, con advertencias serias a Forcadell sobre las graves consecuencias que tendrá seguir ese camino.

Coordinación

Eso fue lo que pasó. Pero no hay una palabra sobre la verdad en las redes. La maquinaria ya se ha puesto en marcha. El independentismo es implacable. Personas respetadas, que saben leer una sentencia, que dominan el mecanismo parlamentario, prefieren la propaganda, como Salvador Cardús o Germà Bel, profesor de sociología y economista, respectivamente. La causa independentista está por encima de todo. Es el caso --también-- de la dirigente de la CUP Mireia Boya, que se sube al carro. 

¿Está todo coordinado? ¿Por qué ahora se rescata una noticia de noviembre de 2017, cuando la sentencia del Constitucional, además, no avala lo que sí dan por hecho los independentistas?

Contra la oposición

La sentencia establece que la reforma del reglamento se ajusta, efectivamente, a la Constitución, pero deja claro que no comparte la forma en la que se usa por parte de los independentistas. “El silencio que guarda el precepto respecto del trámite de enmiendas no supone que se prescinda de él; sino que debe entenderse como falta de una expresa previsión normativa”. Y reclama que el Parlament “regule la fase de enmiendas”, y que, si no lo hace, sí estaría violando la Constitución al restringir la participación de las minorías en el proceso legislativo.

La mayoría independentista impuso el procedimiento forzando el artículo 81.3 del Parlament, eliminando la mayoría de trámites parlamentarios habituales. En ese artículo se fija que el orden del día “puede ser alterado si éste lo acuerda, a propuesta del presidente o a petición de dos grupos parlamentarios”, que es lo que pasó. Pero fue una interpretación propia, porque el artículo sigue así: “Si debe incluirse un asunto, éste debe haber cumplido los trámites reglamentarios que lo permiten, salvo un acuerdo explícito en sentido opuesto, por mayoría absoluta”. Es decir, se aplicó el rodillo, orillando a la oposición.

Y se aprobaron dos leyes que el propio Constitucional había advertido de que no eran competencia de la Generalitat. Los mismos servicios jurídicos del Parlament lo señalaron, y los propios diputados de la oposición, como los del PSC, que reclamó que se pudiera consultar el Consejo de Garantías Estatutarias, cosa que ni la mayoría independentista ni la presidenta Carme Forcadell permitieron. En el caso de la ley de transitoriedad jurídica se trataba de dejar sin valor en Cataluña ni la Constitución ni el Estatut, para elaborar una Constitución propia que, entre otras cosas, dejaba el poder judicial en manos del presidente de la Generalitat.

Pero de todo eso, en las redes los independentistas no se habla. Ya están preparando los actos de septiembre, y buscan calentar el ambiente, con una manipulación de los hechos del 6 y 7 de septiembre.