El caso 3%, sobre el pago de mordidas a CDC a cambio de obra púbica, sigue su curso y, ahora, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha imputado a dos empresarios más. Se trata de dos directivos del Grupo Ortiz, incluido su presidente, Juan Antonio Carpintero, que pudieron obtener de manera irregular la adjudicación para la ampliación de un colegio público en Sabadell (Barcelona).
En un auto, fechado el 3 de agosto, De la Mata considera "pertinente, necesario y proporcionado" citar al presidente del grupo y al consejero y vicepresidente de Impulsa Grupo Ortiz, Emilio Carpintero, como investigados el próximo 12 de septiembre por varios delitos, entre ellos cohecho, malversación, tráfico de influencias y blanqueo.
¿Donaciones encubiertas?
De la Mata les cita en relación con el contrato de ampliación del colegio público La Trama, en Sabadell, que sospecha se adjudicó al grupo a cambio de donaciones encubiertas a Catdem y Forum Barcelona, fundaciones ligadas a CDC.
La UTE Impulsa Grupo Ortiz con Ortiz Construcciones y Proyecto se presentó al concurso, en el que partía del puesto vigésimo quinto y, sin embargo, terminó en primera posición al incrementar en 10 puntos la valoración técnica, una circunstancia que podría responder, según el juez, "al objetivo de provocar una adjudicación concreta".
Generosidad sospechosa
Además, De la Mata identifica varias donaciones a Catdem y Forum Barcelona por parte de cuatro mercantiles participadas por Ortiz Construcciones y Proyectos, efectuadas poco antes a la adjudicación del concurso, siempre los mismos días.
Los ingresos realizados tienen lugar desde febrero a mayo de 2010 y ascienden a 90.000 euros en el caso de Asteisa Tratamiento de Aguas, Construcciones Icma Proakis y Elecor, mientras que Impulsa Grup Ortiz llegó a pagar 130.000 euros.
PDeCAT: un "mero continuador"
Esta última filial estuvo presidida desde 2012 a 2016 por el exconseller de Educación con Jordi Pujol Joan Maria Pujals (antes fue apoderado), a quien el juez sitúa en "reiteradas" reuniones desde 2011 a 2013 con el extesorero de CDC y también investigado en la causa Andreu Viloca. Según el auto, fue este exconseller quien atribuyó a Juan Antonio Carpintero y a Emilio Carpintero "la toma de decisiones" sobre las citadas donaciones y señaló que las habían tomado "de modo personal y exclusivo" y que él solo cumplió órdenes.
El pasado 27 de julio, De la Mata acordó ampliar la investigación a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y al PDeCAT (al considerarle un "mero continuador"), como personas jurídicas, por delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.