El Gobierno trata de desactivar los agravios de los 'indepes' pese a la presión de Cs y PP

Hay "un proyecto de España para Cataluña". Con esa frase la ministra de Administraciones Públicas, Meritxell Batet, ha valorado la reunión entre el Gobierno y la Generlaitat, dentro de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat. El Gobierno quiere defenderlo, al margen de lo que diga la oposición y el propio Ejecutivo del presidente Quim Torra. La Comisión Bilateral Generalitat-Estado celebrada este miércoles en el Palau de la Generalitat, sin embargo, ha generado un aluvión de críticas previas a la reunión tanto por parte del PP y Ciudadanos como del independentismo radical, encarnado en la CUP. 

Es la primera reunión de esta comisión en siete años, que no se reunía desde el 19 de julio de 2011, entonces con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno de España y con Artur Mas como presidente catalán.

Predominancia del escepticismo

Las dos partes ya han avanzado que no esperan grandes pactos en esta reunión, pero sí confían en formar grupos de trabajo que aborden temas específicos sobre los que sí se puedan llegar a "acuerdos concretos" de cara al futuro.

Bajo este contexto, Ciudadanos ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que suspendiera la reunión de esta tarde de la comisión bilateral entre la Generalitat y el Ejecutivo, ya que según la formación naranja este tipo de encuentros legitiman a los separatistas "y les dan alas".

Vuelta al "pacto constitucionalista"

Así lo ha expresado el secretario general de Cs, José Manuel Villegas, que, en una rueda de prensa en la sede de Alcalá, ha insistido en que Sánchez tiene que convocar elecciones cuanto antes porque un gobierno no puede seguir siendo "aliado" de los que quieren acabar con la legalidad.

La solución a la crisis de Cataluña pasa, a su juicio, por volver al pacto constitucionalista, romper "con los que quieren romper España" y convocar elecciones para que haya un gobierno "legitimado y fuerte" que pueda hacer frente a este desafío.

Críticas también desde el PP

Por su parte, la portavoz parlamentaria del PP, Dolors Montserrat, ha asegurado que la activación de este foro es un "éxito" para el independendismo y pone de manifiesto que el presidente, Pedro Sánchez, está "arrodillado" ante el soberanismo. "Veremos una comisión bilateral donde el separatismo se alimenta de la debilidad de Sánchez, que solo pretende ganar tiempo porque está hipotecado con el independentismo", ha recalcado Montserrat, en declaraciones a RNE.

En la misma línea, el vicesecretario de Organización del Partido Popular, Javier Maroto, ha criticado que el Gobierno haya permitido que en la comisión bilateral un punto sobre las vías de participación democrática en Cataluña: "Que un Gobierno permita que esto se meta en el orden del día, a mí ya me parece grave", ha afirmado en una entrevista en Onda Cero.

En su opinión, debatir sobre estás vías de participación en la comisión bilateral que se celebra este miércoles es sinónimo de hablar sobre un referéndum y supone "el tercer pago de la hipoteca" del Gobierno de Sánchez a los independentistas por su apoyo en la moción de censura. Maroto apunta que el levantamiento del control de las cuentas de la Generalitat y el acercamiento de políticos presos fueron otras cesiones de Sánchez con el soberanismo.

División entre los independentistas

Quien tampoco escapa de las críticas es el Ejecutivo catalán, que ha recibido la reprobación de la CUP este miércoles por sentarse a debatir con el Gobierno de Sánchez. El diputado de la formación independentista Vidal Aragonés ha rechazado la participación del Govern en la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, al considerar que "abre una nueva etapa autonomista y genera una expectativa de que se podrá resolver el conflicto catalán" en estos encuentros.

En rueda de prensa desde el Parlament, ha asegurado que este tipo de reuniones "avalan vías que niegan el derecho democrático del pueblo de Cataluña", por lo que ha exigido abordar la autodeterminación en el encuentro y ha pedido al Govern que explique por qué participa en ellas si el Estado no lo admite.

"En ninguna de estas reuniones se está reconociendo el derecho a la autodeterminación. Más bien al contrario", ha insistido Aragonés, que ha pedido respetar el resultado del referéndum del 1 de octubre y de las elecciones del 21 de diciembre.

Además, ha alertado de la posibilidad de que el Estado plantee "una consulta que no tiene nada que ver con la autodeterminación" de Cataluña y que se centraría en la relación entre este territorio y el conjunto de España.