El PP reclama a Colau que quite el lazo amarillo del Ayuntamiento de Barcelona

El PP de Barcelona reclama a la alcaldesa, Ada Colau, que retire el lazo amarillo a favor de los políticos presos que cuelga de la fachada del consistorio. El presidente del Grupo Popular en el ayuntamiento, Alberto Fernández Díaz, añade que Colau tiene que “dejar de ser la cooperadora necesaria” de la secesión.

Para Fernández Díaz, “la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña determina que no se puede privatizar a favor de los independentistas el espacio público, que es de todos”, también de los catalanes que se sienten españoles.

"Tiene que ser la alcaldesa de todos"

En esta línea, Fernández Díaz, afirma que “el espíritu de la sentencia judicial y el sentido de la ley obligan también a Colau”, por lo que “debe abandonar la orilla independentista y dejar de ser la cooperadora necesaria de la secesión para ser la alcaldesa de todos”.

“Colau debería respetar el principio de neutralidad política de una institución pública como es el Ayuntamiento de Barcelona, y retirar el lazo amarillo en el balcón municipal a favor de los políticos presos”, dice Fernández.

Las elecciones y el color amarillo

Finalmente, recuerda que “en la última campaña electoral” tuvo que ser la junta electoral “la que diera la razón al Grupo Popular obligando al gobierno de Colau a retirar la iluminación amarilla de fuentes y fachadas de edificios públicos, que ponía al urbanismo y la imagen de Barcelona al servicio del simbolismo independentista”.

La petición del PP a Colau en el Ayuntamiento de Barcelona llega después de conocerse la sentencia del TSJC sobre una estelada colocada en una plaza de Sant Cugat del Vallès (Barcelona). La instancia judicial recuerda que la bandera secesionista "constituye un símbolo de la reivindicación independentista de una parte de los ciudadanos catalanes representados por una parte de los partidos políticos", por lo que debe ser leída como "partidista".

La sentencia agrega que la exhibición de símbolos políticos en el "espacio público" que representan "una opción política" son ilegales porque "vulneran el principio de objetividad y neutralidad institucional". Ello incluye la calle y las fachadas de los edificios oficiales, aunque no los balcones privados.