Entre tanto acaparamiento mediático del procés, la actividad parlamentaria prosigue su curso natural y sus rutinas, un hecho que deja patente las contradicciones internas de ERC a la hora de gobernar con Junts per Catalunya. Unas discordancias manifiestas entre su discurso y su práctica política, demostrada en la gestión y en el sentido de su voto en las sesiones ordinarias del Parlament.

La disonancia cognitiva de ERC la ha llevado a contradecirse en cuestión de días, esta vez en materia de política de vivienda.

Polémica subasta

El jueves a primera hora, la Generalitat subastaba un lote de 47 viviendas procedentes de herencias intestadas --de personas que han fallecido sin dejar testamento--, por el que tenía previsto ingresar unos cinco millones de euros.

Sin embargo, la operación se complicó más de lo previsto como consecuencia de una concentración de más de un centenar de personas de la plataforma Aturem la subhasta, que se habían propuesto evitar la rifa mediante una protesta en las puertas del CTTI similar a la de un escrache.

Promesas incumplidas de ERC

La portavoz de Aturem la subhasta, Barbara Roch, aseguraba el jueves que la plataforma no comparte que la Generalitat "venda un patrimonio que ya es público, y recordaba que el exvicepresidente de la Generalitat y exconseller de Economia Oriol Junqueras se comprometió en 2016 a no vender más pisos recibidos de herencias intestadas con un acuerdo con entidades del tercer sector: "Lo que reclamamos no es nada a lo que Generalitat no se haya comprometido con anterioridad”, exclamaba Roch, en medio de un clima de tensión entre manifestantes y agentes de los Mossos d’Esquadra como telón de fondo.

Por su parte, el conseller de Economia actual, Pere Aragonès, se defendía esta semana de las críticas recibidas a causa de la subasta asegurando que el dinero obtenido de la misma iría a parar a vivienda social. Pero la Generalitat ingresó únicamente 3,8 millones en la subasta pública del pasado jueves, donde se vendieron 27 de los 47 inmuebles procedentes de herencias intestadas.

Propuesta de los comunes

Paralelamente, el partido Catalunya en Comú proponía ese mismo jueves en el pleno ordinario del Parlament un Pacto Nacional por el Derecho a la Vivienda, que contó con los votos favorables de todos los grupos parlamentarios excepto del PP.

No obstante, tanto Junts per Catalunya como Esquerra Republicana impidieron aprobar que, en los municipios con un "alta demanda acreditada", como "primera opción" se destinen las viviendas recibidas como herencias intestadas a pisos de emergencia social. De hecho, la abstención del PP en este punto permitió a los independentistas frenar esta propuesta social, que no se pudo aprobar por la diferencia de un solo voto. 

Críticas a la Generalitat

En este sentido, la diputada de los comunes Susanna Segovia subrayaba durante el pleno que "hace falta que el patrimonio público de la Generalitat no pase a manos privadas y especuladoras". "La subasta es un error y se tendrá que revertir", lamentaba la diputada, en referencia a la venta del jueves.

En declaraciones a este medio, Segovia denuncia que la legislación relativa a viviendas procedentes de herencias intestadas se mantiene bloqueada prácticamente desde la Ley 18/2007. Además, añade que “la Generalitat no aporta detalles económicos sobre su política de vivienda”, por lo que resulta complicado fiscalizar su gestión en esta materia.  

El papel de l'Agència de l'Habitatge

Segovia explica que es la Agència de l’Habitatge de Cataluña la que decide qué activos inmobiliarios se subastan y cuáles no, y que en teoría se seleccionan en base a criterios técnicos. Sin embargo, la diputada de Catalunya en Comú relata que se han encontrado con “excusas para no quedarse con las viviendas, como que los gastos de la comunidad son muy altos o que se carece de cédulas de habitabilidad”, cuando éstas pueden obtenerse en muchos casos tras una reforma.

43 desahucios al día

Aun así, Segovia se muestra optimista tras la aprobación del Pacto Nacional por el Derecho a la Vivienda impulsado por su partido, aunque sea sólo para abordar el problema con todos los agentes implicados. 

La situación en Cataluña es alarmante. Cada día se produce una media de 43 desahucios en esta comunidad autónoma, el 65% de los cuales corresponden a familias que están en régimen de alquiler, y hay una larga lista de espera para acceder a una vivienda de protección oficial, que en muchos casos rebasa los seis o incluso nueve meses. Tan sólo en Barcelona, hay 360 familias esperando una vivienda adjudicada desde hace más de nueve meses, tal y como denunció recientemente la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.