Protestas y ocupaciones contra una subasta de la Generalitat

Unas 80 personas de la plataforma Aturem la subhasta se han concentrado este jueves en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ante el edificio en el que estaba convocada la subasta de 46 inmuebles heredados por la Generalitat para intentar evitarla. La plataforma denuncia que estos pisos irán a parar a "fondos buitres" y, por contra, reclaman que se destinen a vivienda pública.

Los manifestantes han formado dos cordones de personas para impedir la entrada de los licitadores a la subasta, y también han ocupado dos de los pisos heredados por la Generalitat, según ha informado la plataforma a través de Twitter.

Tensión con la policía

Durante la acción de protesta contra la subasta, se han vivido momentos de tensión entre manifestantes y Mossos d'Esquadra, que habían montado un operativo a primera hora de la mañana para frustrar la acción de la plataforma. La policía autonómica ha establecido un cordón de seguridad para garantizar el acceso de los licitadores, lo que ha provocado algunas cargas policiales contra los manifestantes.

De esta manera, la Generalitat ha visto cómo se dificulta parte de su operación, con la que preveían obtener cinco millones de euros. La plataforma presumía esta mañana en sus redes sociales de que uno de los edificios había quedado fuera de la subasta, que casi la mitad ha quedado desierta por falta de licitadores y que habían conseguido ocupar hasta cuatro inmuebles que iban a ser vendidos en el lote.

Vivienda social

La plataforma reclama convertir estos activos en pisos sociales. El departamento de Economia alega que la mayoría no son aptos porque, o bien no son viviendas, o bien no están en condiciones de habitabilidad, o bien tienen deudas que se deben cancelar con el importe de la venta.

Con todo, la Generalitat se ha comprometido a que los recursos que obtenga tras vender 13 inmuebles, un aparcamiento, un local y un estudio irán destinados directamente a adquirir "entre 30 y 40 pisos" en Barcelona y su área metropolitana, según aseguró hace unos días el conseller de Economia, Pere Aragonès.