El fiscal Anticorrupción José Grinda ha entrado este miércoles en los Ayuntamientos de Girona, Sarrià de Ter y de Salt para recabar más información sobre el caso Agissa. Un presunto desvío de fondos públicos de la empresa mixta del agua (80% de capital privado, Girona SA, y 20% público) que se habría destinado a financiar a CDC, tal y como apunta la investigación inicial.

Pone en la diana al líder de JxCat, Carles Puigdemont, por una operación que ya levantó polémica en su día en la capital de provincia cuando era alcalde. El pago de 3,9 millones de euros para comprar desde el consistorio el fondo de arte Santos Torroella.

La colección del crítico fallecido que incluye diez originales de Miró, nueve de Dalí, ocho de Tàpies, cinco de Picasso y obras de Nonell, Tharrats, Joan Ponç y Barrades. Además de su biblioteca y el archivo personal. 

Desvío del canon

Se estima un “posible uso de fondos públicos que estarían relacionados con el canon acordado en 2013”, indica el Ministerio Público en un comunicado. Cabe tener en cuenta esta adquisición ya propició revuelo en el pleno de 2014 en que se aprobó. Los convergentes tuvieron problemas para sacar la medida adelante.

Puigdemont, además de ser alcalde del municipio, formaba parte del consejo de administración de la empresa mixta. Coincidió con el actual presidente del Parlament, Roger Torrent, que en ese momento era alcalde de Sarrià de Ter. Ninguno de los dos aparece por ahora como investigado en el caso. Tampoco Jaume Torramadé, el primer edil de Salt.

Operación en septiembre

La actuación de los fiscales ha sido ordenada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Girona. El responsable de la investigación ha firmado los tres requerimientos de información para ampliar la operación del pasado 19 de septiembre. En ese momento, se registraron durante más de 11 horas un total de 15 oficinas de la empresa mixta y en el consistorio de la capital provincial.

Se encontraron documentos que apuntaban a la “posible comisión de los delitos de malversación, apropiación indebida, prevaricación y falsedad documental por parte de los que fueran responsables políticos”, añade Fiscalía.

Desvío de fondos

Se quiere saber el origen exacto de los fondos que se usaron para adquirir el fondo de arte y de si se trata de una actuación puntual o de una operativa que ya estaba instaurada en los consistorios para desviar fondos públicos y cobrar comisiones. Se estima que se podrían haber desviado hasta 15 millones de euros. Las pesquisas afectan también a los mandatos del socialista Joaquim Nadal y a la convergente Marta Madrenas. El predecesor y la sucesora de Puigdemont como primeros ediles de Girona.

El primero de ellos fue el que firmó el contrato de concesión con la sociedad mixta y la segunda lo mantuvo. Se investiga si las irregularidades se prolongaron durante todos los mandatos.

Denuncia de la CUP

El caso Agissa parte de una denuncia de la CUP de Girona en 2015. Los anticapitalistas denunciaron la concesionaria que se encarga de llevar y distribuir el agua potable en Girona, Salt y Sarrià de Ter. Desde el momento en que estalló el caso, los consistorios han asumido de forma provisional la gestión de este servicio.