No habrá ni rectificación ni rendición. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, rechaza un acto de contrición previo al diálogo con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. Así se lo han pedido dirigentes de la oposición, entre ellos el líder del PSC, Miquel Iceta.
Torra ha dado explicaciones sobre su nuevo Govern en el Pleno del Parlament, lo que ha permitido a la oposición, por primera vez, interpelarle al respecto.
El president ha dicho que el nuevo ejecutivo “no es el legítimo”, sino que por culpa del 155 y de la negativa del Gobierno del PP, no se han podido restituir a los consejeros legítimos. Ha insistido en la necesidad de crear una asamblea de electos.
“El Estado español ha vetado a personas con derechos políticos intactos. Por eso he presentado una querella contra Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría”, ha explicado. Ha denunciado los “siete meses de intervención” que han provocado una “parálisis política” del Govern.
Deconstruir el 155
Torra ha reafirmado su compromiso para crear una comisión que evalúe los daños del 155. “Si los servicios públicos no se han visto afectados es gracias a los servidores públicos”, ha precisado.
También se ha referido a la creación de una Oficina de Derechos Civiles y Políticos, para poner fin a la vulneración de los derechos de libertad de expresión, reunión y manifestación. Afirma que no se puede “normalizar” la situación de “personas encarceladas y exiliadas. Nuestro objetivo vital es su regreso en libertad. Se debe dialogar y negociar. Espero que el presidente Sánchez aborde urgentemente el tema de Cataluña. Nosotros nunca nos hemos salido de la vía pacífica, el Estado no puede decir lo mismo”.
En este sentido, Torra cree legítimo defender que Cataluña siga en España, “pero no lo fue la actuación del 1-O”.
“La oposición pide que rectifiquemos para dialogar. Si piden eso, es que no quieren dialogar. Nosotros seguimos, la democracia y el anhelo de libertad no se rendirá. Este es un gobierno que defiende la república catalana. El punto de partida es respetar el voto de los catalanes”, ha subrayado.
La composición del nuevo 'consell executiu'
Se mantiene el numero de consejerías, 13, que la anterior legislatura. Presidencia elaborará como prioridad un plan de gobierno para restituir las leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional.
La vicepresidencia económica tiene encomendada la misión de eliminar la intervención financiera del Gobierno español, mientras que
Acción Exterior asume la función de recuperar la diplomacia catalana, aunque no ha aclarado si reabrirá las “embajadas” catalanas o Diplocat, mientras que Territorio incorpora las políticas de vivienda. Justicia asume los asuntos religiosos y el control de los lobbies. La tecnología digital, reto de futuro, tiene su propio departamento mediante la Consejería de Políticas Digitales.
Los otros siete departamentos no presentan demasiadas novedades, aunque ha destacado la Consejería de Interior como “la más politizada por parte del Gobierno español”, por lo que se ha comprometido a “restituir la normalidad” dentro de este departamento, mientras que Enseñanza será “la única autoridad educativa en Cataluña”.
Empleo, salud, RGC
El president se ha comprometido a fomentar desde el departamento de Trabajo políticas de empleo y desarrollar la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), ayudas que actualmente sufren un enorme colapso en su gestión. Salud tiene el reto de reducir las listas de espera y Cultura, garantizar el acceso igualitario. Empresa tendrá que desarrollar el Plan Nacional para la Industria, que quedó pendiente, y crear nuevos planes sobre energía y universidades. También en Agricultura está previsto un plan de internacionalización del sector.