La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, intenta levantar cabeza ante los malos pronósticos electorales cuando queda un año para las municipales. Este miércoles ha intentado dar un golpe de efecto con la remunicipalización del servicio del agua, uno de sus grandes objetivos de mandato al que ha destinado importantes recursos públicos. Por ahora, con un retorno bajo, tanto en resultados efectivos como en repercusión en intención de voto, que es descendiente.

El responsable de la materia, el concejal Eloi Badia, ha anunciado que los servicios jurídicos municipales han concluido que la empresa prestadora del servicio, Aguas de Barcelona, opera desde hace 150 años en la ciudad sin un contrato vigente. Una argumentación que se basa en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de 2016 que anulaba el proceso de constitución de la empresa mixta encargada del servicio en la anterior legislatura, cuando Xavier Trias era el primer edil tanto de la capital catalana como del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), la institución que hacía la adjudicación.

Anulación del proceso

Afirmó que faltó concurrencia pública en el proceso de creación, tal y como argumentó Aguas de Valencia en el recurso que interpuso contra los acuerdos metropolitanos del 24 de junio y el 6 de noviembre de 2012 que dieron lugar a la creación de la empresa mixta. Una firma participada por Aguas de Barcelona (70%), el AMB (15%) y Criteria (15%).

La liquidación de la compañía ha quedado en el aire en el organismo supramunicipal hasta la fecha. La compañía afectada presentó un recurso de casación al Tribunal Supremo que aún está pendiente de resolución. Pero para el consistorio de BComú, ya tiene la firmeza suficiente para aplicar cambios en el servicio.

Concesión desde 1953

De hecho, Badia ha asegurado que el TSJC también había “puesto de relieve la falta de fiabilidad de las valoraciones económicas realizadas, así como la inexistencia de un título habilitante para la sociedad mixta para realizar el suministro domiciliario”, tal y como indica en un comunicado. Cuestiones que el alto tribunal catalán nunca llegó a analizar y tampoco a pronunciarse.

En su sentencia de hace dos años daba por sentada la “falta de concurrencia competitiva e infracción de los principios de igualdad de trato, publicidad y transparencia en la adjudicación directa al socio privado”. Pero la sala reconocía que la filial del grupo Agbar mantiene desde 1953 una concesión de 99 años ordenada por el Ministerio de Obras Públicas.

Informes municipales

Permitía abastecer a Barcelona con 2.200 litros por segundo del río Llobregat. Un documento que, según la sentencia judicial, fue ampliado posteriormente y propició la construcción de otras infraestructuras de suministro como la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Sant Joan Despí o la conexión con las instalaciones de Abrera.

Badia insiste en que los informes municipales aseguran lo contrario y que esto es suficiente para revertir la concesión. No es la primera ocasión en que usa unos informes de la localidad en su intento de remunicipalizar el agua. Hizo lo propio en el AMB con un documento de la empresa pública Barcelona Regional en el que decretaba que la concesionaría había sobrevalorado en 340 millones de euros el valor de los activos.

Negativa del área metropolitana

Cuestión clave ante una eventual liquidación del contrato de concesión. Pero recibió un revolcón en el consejo supramunicipal. Los partidos de la oposición cuestionaron el cálculo interesado de Colau y recordaron que la valoración inicial se hizo en base a un estudio independiente, el de un perito del Registro Mercantil. Al final, pactaron solicitar un nuevo documento.

Cuestión que este miércoles también se ha pasado por alto en el Ayuntamiento de Barcelona. El Gobierno de Colau recibió un varapalo en la hoja de ruta prevista para remunicipalizar el servicio. Pactó con la CUP al inicio de la legislatura que enmendaría esta concesión e intentó validarla a través de la multiconsulta. Pero su falta de capacidad de alcanzar pactos municipales propició que incluso los anticapitalistas rechazaran dar apoyo a su plan de referéndums ciudadanos.

Conflicto judical

Con el proceso parado también en el área metropolitana, que pide las máximas garantías judiciales para lanzarse a la piscina, Badia anuncia que van a dar el paso a nivel local. Ha explicado públicamente que consideran que la concesionaria no dispone de una licitación en regla, pero sin ofrecer más detalles sobre los pasos concretos que se seguirán para cambiar de operador.

La ciudad se lanza a un nuevo conflicto judicial por la gestión del agua a las puertas de la precampaña electoral.