“Nos lo hemos encontrado ya hecho, pero se trata del instrumento más útil para evitar que Quim Torra vuelva a las andadas”, asegura un dirigente socialista catalán. Se refiere a la intervención de las finanzas catalanas que el Gobierno de Mariano Rajoy aplicó y que se mantendrá, al menos parcialmente, hasta que el presidente catalán se comprometa a volver a la senda de la legalidad.

Con la toma de posesión del nuevo Govern, decae el 155 y, con él, el control de los cobros y pagos de la Generalitat por parte del Ministerio de Hacienda. Una medida que el Gobierno de Rajoy aplicó en septiembre de 2017 cuando el proceso independentistas se hallaba en plena radicalización. Sin embargo, el ejecutivo de Torra seguirá obligado a rendir cuentas mensuales sobre el uso de las partidas procedentes del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), como se viene exigiendo desde noviembre de 2015.

Discrepancias

Así lo anunció el nuevo presidente español, Pedro Sánchez. Dirigentes socialistas, entre ellos el líder del PSC, Miquel Iceta, lo confirmaron ayer, mientras que el vicepresidente económico del Govern, Pere Aragonés, exigía el levantamiento total del control financiero.

Sin embargo, como señalan fuentes socialistas, mantener esa intervención es la mejor manera que tiene el Gobierno de Sánchez para vetar posibles gastos en estructuras secesionistas, negociar con Torra, neutralizar la presión de Ciudadanos, minimizar la gesticulación separatista y dividir a los partidos que dan apoyo al president. Incluso evitar una nueva oferta de bonos patrióticos para sufragar esas estructuras de Estado, algo que no tiene nada que vez con el FLA pero sí con la capacidad limitada que tiene el Govern de endeudarse.

1. Negociar con Torra

Pedro Sánchez ha tendido la mano a Quim Torra para solucionar el conflicto catalán. Quiere diálogo, sí, pero “el presidente catalán todavía no se ha comprometido a recuperar la legalidad”, advertía ayer Iceta. La intervención financiera permite a los socialistas partir con ventaja en esas futuras negociaciones entre Gobierno y Generalitat.

2. Eludir la presión de Ciudadanos 

Mantener el control de las finanzas catalanas es una medida coercitiva y, por tanto, debería ser el último recurso. Pero desde el punto de vista político, es un arma excelente para eludir la presión de Ciudadanos. La formación liderada por Albert Rivera lleva semanas exigiendo que se mantenga el 155 en Cataluña porque, avisa, Torra ya ha dado señales de que no piensa abandonar el proyecto de república catalana que heredó de Carles Puigdemont. Mantener parcialmente la intervención financiera desmonta la tesis de la complicidad de Sánchez con el independentismo en la que Cs abunda tras el apoyo de los partidos separatistas a su moción de censura.

3. Evitar la reapertura de 'embajadas' catalanas 

Controlar el destino del FLA permite al Gobierno socialista obstaculizar el uso de esas partidas en la reconstrucción de estructuras de Estado, como por ejemplo las embajadas catalanas, que fueron cerradas en aplicación del 155, o la reapertura de Diplocat, el órgano de la Generalitat encargado de la diplomacia secesionista en el extranjero.

4. Dividir a los independentistas

La intervención financiera coloca a Torra ante la tesitura de acatar ese control o desobedecer. Sus socios de PDeCAT y ERC ya han dicho por activa y por pasiva que no quieren nuevas aventuras unilaterales. Ayer, los republicanos, a través de su portavoz, Marta Vilalta, exigieron "poner el foco en la multilateralidad". Por el contrario, la nueva consejera de Presidencia y miembro del núcleo duro de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, apostaba por no renunciar a la unilateralidad, en la línea de lo que defiende la CUP.

5. Minimizar la gesticulación secesionista

La financiación de los nuevos proyectos, subvenciones o actos de propaganda del gobierno de Torra va a ser mirada con lupa por el Gobierno de Sánchez. De hecho, el nuevo consejero de Acción Exterior, Ernest Maragall, clave en la proyección internacional del procés, fue extremadamente cauto a la hora de explicar cómo piensa restaurar un departamento que quedó prácticamente desmantelado tras la aplicación del 155. Tampoco aclaró cómo reabrirá las oficinas catalanas en el exterior.

6. Evitar nuevos bonos patrióticos

Tras la experiencia de 2010, el gobierno de Puigdemont se había planteado volver a emitir esos títulos con la finalidad de financiar la nueva república catalana. El FLA nada tiene que ver con esa emisión de deuda, pero las comunidades autónomas requieren autorización del Gobierno para endeudarse.