Plan para ahogar las finanzas del Govern en Waterloo

Que se sepa, Carles Puigdemont no ha renunciado a gobernar en la sombra desde Waterloo. Y tampoco a su sueldo de expresidente, que no es compatible con lo que cobra de diputado sin estar presente en el Parlament --2.871,57 euros mensuales— desde que este se constituyó el pasado 17 de enero.

Todo apunta a que Puigdemont reclamará esos privilegios cuando el nuevo gobierno catalán tome posesión y se levante el 155, ahorrándose así tener que pedirlos al Gobierno español. Pero la oposición política quiere evitar que el exalcalde de Girona disfrute en el exilio de esas prebendas, que incluyen el 80% de la retribución del presidente durante cuatro años (112.000 euros), chófer, secretaria, escolta y gastos de oficina.

Derroche de los recursos públicos

Dicho de otra manera, pretenden impedir que ese retiro ficticio, pues el expresident seguirá manejando los hijos de su sucesor, Quim Torra, sea pagado con el dinero de todos los catalanes.

Por ello, el PP ha presentado una propuesta de reforma de la ley del estatuto de los expresidentes de la Generalitat con la finalidad de evitar “un derroche y un abuso de los recursos públicos que se ponen a disposición de los expresidentes a través de los medios materiales y personales a los que tienen derecho”. Así, los populares proponen que se añada a la ley el siguiente párrafo: “Tanto los medios materiales como personales que se pongan a disposición de los expresidentes de la Generalitat solo se pueden prestar o poner a disposición en el territorio de Cataluña”.

Por la vía de urgencia

El diputado del PP Santi Rodríguez explica a Crónica Global que estos cambios “no serían necesarios, pues es de sentido común que así sea. Pero con los últimos acontecimientos es necesario regularlo”.

La reforma, que es apoyada por el PSC –Ciudadanos y Catalunya en Comú Podem todavía no ha decidido su posición—, se tramitará por la vía de urgencia, es decir, en lectura única. Una modalidad que, curiosamente, el propio Puigdemont ha utilizado en sus iniciativas rupturistas gracias a una reforma del reglamento del Parlament. Así, los populares se han aprovechado de esa tramitación exprés y, en el pleno que se celebrará la semana próxima, se debatirá su propuesta.

Mas y Pujol

Ésta incluye, asimismo, retirar la obligación de que sea el plenario del Parlament el que decida si se revocan esos privilegios de los expresidentes si existe una condena penal firme.

Rodríguez recuerda que, en una anterior reforma de la ley del estatuto de los expresidentes de la Generalitat, Artur Mas propició que esa revocación no fuera automática, después de que Jordi Pujol confesara que había tenido una cuenta bancaria oculta en Andorra. También en este caso, los impulsores de la iniciativa tienen la vista puesta en el procés, concretamente al futuro juicio al que se enfrentará Puigdemont.