El presidente Quim Torra rechaza desobedecer al Gobierno y ha sustituido a los consejeros con cargas penales que había nombrado. Lo ha hecho después de que el Gobierno le haya advertido por carta de que no publicará en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) los nombres de consejeros encarcelados o fugados. De esta forma, el presidente rechaza desobedecer al Estado, como le pedía la CUP.

Así, los encarcelados Jordi Turull y Josep Rull, actualmente en Estremera, serán sustituidos por Elsa Artadi y Damià Calvet al frente de Presidencia y Territorio, respectivamente. Lluís Puig y Toni Comín, ambos fugados en Bruselas, serán relevados por Laura Borràs y Alba Vergès en Cultura y Salud. Entra en Empresa Àngels Chacón, en sustitución de Artadi.

El resto de consejeros se mantienen: Pere Aragonés (vicepresidente y consejero de Economía); Ernest Maragall (Acción Exterior, Relaciones institucionales y Transparencia), Miquel Buch (Interior), Josep Bargalló (Enseñanza), Ester Capella (Justicia), Ckakir El Homrani Lesfar (Trabajo), Jordi Puigdneró (Políticas Digitales) y Teresa Jordà (Agricultura).

La composición del nuevo consell executiu se ha conocido el mismo día en que ha trascendido la carta enviada por el Ejecutivo español a Torra en la que le avisa de que elegir a personas ausentes para ejercer cargos institucionales no es viable jurídicamente.

“La propuesta que efectúa en relación a cuatro personas no es válida ni eficaz, pues, atendiendo a parámetros exclusivamente jurídicos, no podrán desempeñar sus funciones institucionales como consejeros con arreglo a las previsiones y exigencias que para tal cometido recoge la normativa vigente”, afirmaba el Gobierno de Mariano Rajoy en su misiva.

El mensaje de Rull, Turull, Puig, y Comín

Según ha informado el Govern, Rull, Turull, Puig y Comín han hecho llegar al presidente de la Generalitat un mensaje en el que expresan su confianza y piden que las instituciones catalanas "se vuelvan a poner al servicio del pueblo de Cataluña lo antes posible". Aseguran que siempre han querido "formar parte de la solución y no del problema" y que entendieron su nombramiento como "una cuestión de confianza por parte del presidente", por lo que en todo momento se sintieron legitimados.

 

Los cuatro manifiestan que se sienten consejeros legítimos del Gobierno de Cataluña y que "ni el torpe artículo 155 ni el mal uso que se está haciendo del Derecho y la Justicia por parte de los tribunales españoles puede disuadirlos de esta convicción fundada en un hecho democrático surgido del resultado electoral del 21 de diciembre".

 

Los cuatro consideran "un despropósito la voluntad de bloquear sine die la formación del Gobierno de Cataluña, ya sea por la no publicación en el DOGC o con la aplicación de la prisión preventiva" y, por tanto, "impidiendo la toma de posesión y el ejercicio del cargo". Finalmente, los consejeros piden que no se deje en ningún momento de reivindicar "la restitución del Gobierno legítimo que fue destituido ilegalmente e ilegítima con la aplicación del artículo 155".