Mataró reacciona ante la plantada de cruces en su playa aunque prevé “conflicto”

Mataró (125.000 habitantes), la capital de la comarca barcelonesa del Maresme, será noticia este domingo porque su playa se llenará de cruces amarillas. Un símbolo independentista en solidaridad con los políticos presos que ha causado ya enfrentamientos en otros municipios costeros (Canet de Mar y Llafranc) porque rompe con la neutralidad de los lugares públicos.

El consistorio reacciona ante esta siembra de cruces convocada por grupos soberanistas aunque “la institución es de todos y no puede tomar partido”. “El ayuntamiento debe ser neutral porque representa a toda la ciudadanía y eso es lo que se ha aplicado”, ha declarado el alcalde, David Bote (PSC). Sin embargo, el representante socialista ha hecho un llamamiento a los plantadores para que se replanteen la acción a fin de “evitar el conflicto”.

Sin permiso de la Generalitat

Bote ha reunido a la junta local de Seguridad para abordar el dispositivo de prevención y seguridad para el domingo, porque la plantada de cruces convocada por grupos soberanistas coincide con la Triatló Ciutat de Mataró. Y la ciudad, que ha definido como “plural”, prefiere ser conocida por el deporte antes que “por el conflicto”. Asimismo, el alcalde quiere “evitar enfrentamientos” y ha asegurado que la Generalitat no tiene constancia ni ha autorizado la plantada de cruces. La Policía y los Mossos d'Esquadra informarán a los participantes de que incurren en una legalidad.

En esta línea, Mataró ha pedido asesoramiento a la Generalitat sobre la convocatoria, si bien el Departamento de Territorio y Sostenibilidad le ha informado de que plantar cruces en las playas requiere de un permiso, ya que la normativa estatal establece que cualquier uso intensivo de estos espacios necesita de una autorización previa de la Administración autonómica. Y, por ahora, la ciudad no ha remitido ninguna petición para ello.

En manos del Estado

Según la normativa, la tramitación ordinaria de estas actividades requiere de un primer informe del ayuntamiento, que tiene un plazo máximo de un mes para hacerlo llegar a la Generalitat, mientras que el Departamento de Territorio y Sostenibilidad dispone de cuatro meses para resolver la petición de autorización, bien sea aceptándola o denegándola.

Si, pese a todo, la actividad se lleva a cabo sin autorización, entonces le corresponde al Estado decidir si sanciona, aunque esta competencia, en este momento, se encuentra en litigio en el Tribunal Supremo.