Aseguran en la plaza de Sant Jaume que Francesc Esteve no se separa de Quim Torra. No es para menos. El director del gabinete jurídico de la Generalitat tiene encomendada la difícil misión de evitar que la estrategia de confrontación del nuevo presidente autonómico provoque una prórroga del artículo 155.
“Cada movimiento de Torra va a ser mirado con lupa por parte de los servicios jurídicos del Govern”, aseguran fuentes gubernamentales. La primera prueba de fuego fue la toma de posesión de Torra, atípica dada la ausencia de referencias a la Constitución y el Rey, pero que no constituyen infracción legal.
Tensión
Es significativo que, a diferencia de la senadora de ERC Mireia Cortés, Torra no prometiera el cargo por “la república catalana” ni por “la liberación de los presos políticos”, y solo lo hiciera con “lealtad al pueblo catalán”. Una fórmula que no pasó desapercibida para la CUP, que esperaba más desobediencia por parte de un presidente que, en su discurso de investidura, se comprometió a pasar página de los gobiernos autonomistas.
Es precisamente esa exigencia de los antisistema la que aboca a Torra a hacer gestos de ruptura, aunque en su entorno se asegura que la idea es hacer “mucha gesticulación” y evitar nuevos episodios de ilegalidad. Francesc Esteve debe procurar que así sea. Pero se da la circunstancia de que el jefe jurídico de la Generalitat fue inculpado por la adjudicación de las urnas del referéndum del 1-O.
Licitación de las urnas
El pasado marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se inhibió a favor del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona respecto a la investigación que se sigue contra Esteve y la exconsejera de Gobernación Meritxell Borràs por la licitación de la compra de urnas por un valor estimado de 200.000 euros meses antes del 1-O.
Por aquellas fechas, Esteve era el secretario general de la Consejería de Gobernación. Sin embargo, en junio de 2017 fue elegido director del gabinete jurídico de la Generalitat en sustitución de la polémica Margarida Gil, que pasó a ser miembro del Consejo de Garantías Estatutarias. Gil, casada con Jordi Jané, exconsejero de Interior, fue la jurista que ordenó no presentar acusación en el caso Palau, un sumario que también destapó la financiación ilegal de CDC. Asimismo, la jurista apareció en el sumario de las ITV —con el ex secretario general convergente Oriol Pujol como principal implicado— por mantener conversaciones con un magistrado investigado. Estos cambios ordenados por Carles Puigdemont sublevaron a ARtur Mas.