El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha abierto la puerta este domingo a un encuentro entre Mariano Rajoy y Quim Torra si este finalmente es proclamado presidente de la Generalitat el lunes, en la segunda votación de la investidura. Un encuentro importante tras el pulso mantenido por los políticos independentistas en el último trimestre de 2017 que el representante autonómico del PP intenta minimizar.

Manifiesta que “igual que ocurre con el resto de presidentes autonómicos de España se hará con Torra”. Eso sí, con un apostillo sobre el necesario “compromiso con el marco democrático vigente” que se exige al presidente catalán “que sea escogido en el Parlament”.

Aplicación del 155

También ha sido claro sobre la polémica petición de Ciudadanos de que prevalezca la vigencia del artículo 155 hasta que el Ejecutivo catalán demuestra que cumple con la normativa vigente. Afirma en una entrevista en Rac 1 que este mecanismo constitucional sólo se activa cuando se “rompe el marco legal y se incumplen las obligaciones de la Constitución, los estatutos y las leyes”. Y, por ahora, “el Parlament no ha vuelto a romper”.

Reconoce que “desde la retórica política”, el discurso de Torra de este sábado fue “inflamado y de confrontación”. “Pero el Gobierno debe valorar los hechos”.

Vigilancia del Gobierno

Igual que hizo Rajoy en un acto de partido este sábado, advierte de que se vigilarán los pasos que se den. Por ahora, la “legalidad regresó a Cataluña, se hicieron elecciones y se aceptó la legalidad vigente”.

Además, señala que “las personas que rompieron la ley rinden cuentas ante la justicia”. Millo ha dejado claro que no se alegra ni es motivo de celebración que “nadie esté privado de su libertad”. Pero indica que “cada uno debe ser consecuente con sus actos”.

Separación de poderes

Pide que se cumpla con la separación de poderes judiciales y se niega a hacer valoraciones sobre las decisiones que ha tomado el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Incluso los últimos movimientos en Alemania para propiciar que la justicia de este país facilite la extradición de Carles Puigdemont.

Deja claras que se trata de “decisiones judiciales, no son políticas” y que “pueden existir opiniones de todo tipo” respecto a ellas. Cuestión que tampoco propiciaría que el Gobierno hiciera algún gesto para propiciar el traslado a cárceles catalanas de los líderes independentistas que están en prisión.

“El poder judicial y el legislativo deben hacer su trabajo”, sentencia.