Boya a Llarena: “La sentencia ya está dictada”

La exdiputada de la CUP Mireia Boya ha acudido este martes al Tribunal Supremo, donde el juez Pablo Llarena le ha comunicado su procesamiento por desobediencia. Boya ha hecho uso de su palabra y ha defendido ante el magistrado el derecho a la autodeterminación, además de lamentar que la sentencia de la causa sobre el procés “ya está dictada”. Es por esta razón, ha dicho, que el juicio se seguirá “en instancias internacionales”.

Boya también ha defendido el papel de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que se encuentra en prisión preventiva desde el 25 de marzo. A su salida del tribunal, ha asegurado que “Llarena me ha preguntado si mi intención es declararme culpable de rebelión como Forcadell y yo le he dicho que al contrario, mi intención era demostrar que Forcadell es inocente, que se la está juzgando de forma parcial”.

Mundó, Borràs y Vila

También han acudido a conocer sus procesamientos al Tribunal Supremo los exconsejeros de Justicia, Carles Mundó; de Gobernación, Meritxell Borràs; y Empresa y Conocimiento, Santi Vila. Los tres serán juzgados por los delitos de desobediencia y malversación de fondos públicos.

En el auto de procesamiento el magistrado considera que en su etapa en el Govern autorizaron acciones y contrataciones para hacer posible el referéndum del 1 de octubre, además de poner dinero público a disposición de la consulta que había sido anulada por el Tribunal Constitucional.

El escrito referente a Boya, que será procesada por desobediencia, indica que se saltó las decisiones del TC al registrar la proposición de Ley de Transitoriedad en el Parlament y presentar la del referéndum.

“Ni un euro público”

Santi Vila, que abandonó la Generalitat cuando Carles Puigdemont decidió tirar adelante la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) en vez de convocar elecciones autonómicas, ha dicho a su salida del Supremo que ni él ni ningún miembro del anterior Govern destinó “ni un solo euro de dinero público” al 1-O. Tanto él como Mundó y Borràs no han tomado la palabra ante Llarena y únicamente han escuchado su procesamiento.

Tanto el exconsejero de Justicia como la de Gobernación fueron encarcelados el 2 de noviembre por orden de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Tras un mes en prisión, pagaron 100.000 euros de fianza para quedar en libertad. Por su parte, Vila sólo estuvo una noche en la cárcel y abonó 50.000 euros de fianza. En cuanto a Boya, que acudió a declarar en febrero, no se le impusieron medidas cautelares.