El exjefe de Unipost niega que la Generalitat pagase los servicios del 1-O

Pau Raventós, quien en los últimos tiempos ejercía de director general de la empresa de mensajería Unipost, ha negado ante el juez que su empresa cobrase dinero público por los envíos postales vinculados al referéndum ilegal del 1-O. Lo ha dicho ante el magistrado de Barcelona que investiga a varios altos cargos del Govern por malversación en el marco del proceso independentista de Cataluña.

Raventós solo ha contestado a las preguntas de su abogado, Jorge Navarro, a las que ha respondido que en ningún caso Unipost, ahora en liquidación, cobró de la Generalitat por trabajos de envío postal vinculados al referéndum del 1-O, aunque sí llegaron a elaborar presupuestos por encargos, que no llegaron a efectuar ni cobrar.

Un millón de euros, según la Guardia Civil

El juez ha citado como investigado a Raventós después de que la Guardia Civil concluyó en un informe que la compañía postal facturó 979.661,96 euros a la Generalitat por repartir cartas certificadas a los componentes de las mesas electorales del 1-O y repartir 5,3 millones de tarjetas censales, aunque la acción de la justicia impidió su distribución.

Ante el juez también ha comparecido hoy como investigado el jefe de operaciones de plataforma de Unipost, Felipe A., que también ha respondido únicamente a su abogado y que ha alegado que se limitó a enviar un correo a los repartidores para que prepararan un operativo para certificados, como le ordenaron sus superiores, aunque desconocía quién era el cliente y el contenido de los sobres.

"Lo más rápido posible"

Raventós, que fue detenido por la Guardia Civil el pasado 14 de diciembre, cuando todavía era director general de Unipost, ha comparecido hoy como investigado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Por su parte, Felipe A. fue detenido en su caso el pasado 25 de enero, también por los delitos de malversación, falsedad y descubrimiento y revelación de secretos.

Según la Guardia Civil, el jefe de operaciones de plataforma de Unipost dio instrucciones a través de un correo electrónico a diferente personal de la compañía postal para que procesaran “lo más rápido posible”, el pasado sábado 16 de septiembre, un total de 10.000 certificados en Barcelona y 35.000 interurbanos, aunque finalmente este material fue intervenido por el instituto armado ese mismo día.

Al menos un intento de cobro

En el marco de la investigación sobre la financiación del 1-O, la Guardia Civil sospecha que Unipost actuó “en concierto” con el Govern para facilitar el referéndum y facturó casi un millón de euros a la Generalitat por servicios vinculados a esta votación. El juez trata de corroborar si la Generalitat, como advierte la Guardia Civil en un informe, fraccionó los pagos a Unipost para “simular” la operación a través de cinco facturas giradas a otras tantas conselleries con las que mantenía un contrato marco desde 2016 para facturar servicios de envíos: Presidencia, Vicepresidencia, Economía y Hacienda, Trabajo y Asuntos Sociales y Cultura.

Según la Guardia Civil, se ha constatado el intento de Unipost de cobrar "al menos" una de estas facturas, por importe de 238.965 euros, dirigida al Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales, "sin que conste" que la Interventora General de la Generalitat, Rosa Vidal, "haya activado ningún procedimiento para denunciar este intento fraudulento de cobro".

Dos testigos

Dos directivos de Unipost que testificaron ante el juez el pasado 21 de marzo aseguraron, al igual que ha hecho hoy Raventós, que la empresa no recibió ningún pago del Govern sobre el 1-O y alegaron que tenían un contrato marco para efectuar envíos periódicos que les encargaba el Ejecutivo catalán.

Según la Guardia Civil, existió un "concierto manifiesto" entre Unipost y la Generalitat, "urgido por el propio Govern para materializar el referéndum del 1-O", en el que la persona de contacto de la Administración catalana con la empresa postal era Francesc Sutrias, uno de los altos cargos del Govern detenidos el pasado 20 de septiembre, que fue director de Patrimonio de la secretaría de Hacienda de la conselleria de Economía cuando la dirigía Oriol Junqueras.

Alega desconocimiento

Tras la detención el pasado 14 de diciembre de Pau Raventós, Unipost alegó que nunca ha financiado actuaciones fuera de su objeto social y que desconoce el contenido de los documentos que distribuye, en la misma línea sostenida hoy por ambos investigados ante el magistrado.

La Generalitat ya encargó a Unipost el buzoneo de información institucional de la consulta del 9N de 2014, que también había sido suspendida por el Constitucional, en ese caso por 240.259 euros.